SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En virtud del proceso de selección que conoce el Congreso Nacional respecto de los miembros de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y sus adjuntos, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), entiende pertinente que el Congreso Nacional concretice la selecciones de estos agentes.
“En aras de promover el diálogo constructivo, entiende pertinente abocarnos hoy a una reflexión integral de los retos que debe asumir el Senado para garantizar un proceso de selección y nominación transparente, participativo y consensuado con la sociedad con estricto apego a los principios democráticos de independencia e imparcialidad”, sostuvo.
Indicó que la selección de los nuevos miembros de estas instancias debe alejarse de cualquier viso de arbitrariedad; de igual forma, debe evitarse inobservancia de los presupuestos normativos establecidos en la Constitución y la ley.
“No se puede pretender jugar a poner obstáculos en la elección de órganos tan sustanciales para el ejercicio democrático institucional como lo es, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, sobre la cual descansa la salvaguarda de las cuentas pública y el control fiscal del erario”, agregó.
Señaló que el perjuicio económico detectado en las auditorías que realizan los órganos de control interno y externo, especialmente los producidos por la Cámara de Cuentas, no ha generado, de manera constante, la activación de los mecanismos de régimen de consecuencias civil, administrativo y penal que ordena la ley, por consiguiente la ciudadanía podría percibir entonces que las respuestas a la corrupción son ineficaces pues los organismos competentes no ejercen todas las potestades que les confieren las leyes
Por otro lado, con relación al defensor del pueblo, resaltó que ha sido configurado como un órgano constitucionalmente autónomo cuya función principal es defender los derechos constitucionales, así como encauzar la promoción de buenas prácticas en la administración pública a fin de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y del Estado de derecho.
Se trata de una figura que surge como una necesidad del control social de los gobernados en contra de las arbitrariedades y el incumplimiento de las obligaciones asignadas a la administración pública, debiendo constituir una voz a favor de la protección de los derechos de las personas y los intereses colectivos y difusos.
En ese sentido, FINJUS exhortó a los legisladores garantizar los criterios referidos en torno a la escogencia de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y adjuntos ya que la ciudadanía espera un proceso diáfano mediante el cual resulten designados los mejores candidatos de trayectoria incuestionable, competencias y aptitudes adecuadas, moral intachable y que inspiren respeto de parte de la población.
“De igual manera, es necesario que los criterios de selección legales sean respetados, técnicamente depurados y públicamente explicitados”, concluyó.