Santo Domingo (EFE).- Diversas organizaciones instaron este martes 26 de mayo al Gobierno dominicano a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (2006), y a reconocer la competencia de su Comité contra la Desaparición Forzada.
Así lo expusieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas de la República Dominicana y la Coalición Internacional contra la Desaparición Forzada (ICAED), en la Semana Internacional de los Desaparecidos.
Con motivo de esta conmemoración, del 25 al 29 de mayo, estas entidades recordaron, además, que "en nuestra región existe otro instrumento internacional de protección contra la desaparición forzada y es la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, adoptada en 1999″.
En un comunicado, denunciaron que, hasta la fecha, "ninguna de las dos disposiciones ha sido ni firmada ni ratificada por la República Dominicana".
"Una vez más, instamos al Estado dominicano, a través del Congreso de la República, a la ratificación de estos dos importantes instrumentos internacionales de protección contra ese crimen horrendo de lesa humanidad que es la desaparición forzada de personas", indicó la presidenta de la CNDH-RD, Mercedes Medina.
Asimismo, exhortó a "que las autoridades aprovechen de la puesta en marcha del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2020 para que esta tarea pendiente en tema de protección internacional de los Derechos Humanos sea realizada cuanto antes".
"Hoy 26 de mayo recordamos también que se cumple un aniversario más de la desaparición forzada del profesor Narciso González (Narcisazo)", agrega el comunicado.
"Han sido 21 años marcados por el silencio de las autoridades y de los Gobiernos de turno y la impunidad, a pesar de la condena al Estado dominicano en el año 2012 por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos".
Desde estos organismos "exigimos, una vez más, que se establezca la verdad de los hechos así como que se determinen responsabilidades y se castigue a los culpables, tanto materiales que intelectuales, de ese crimen que permanece como una mancha imborrable en la memoria histórica de nuestro pueblo".
Como ya hicieran en 2014, pidieron a la Procuraduría General del Estado que se ordene "una exhaustiva investigación sobre las desapariciones forzadas del periodista y abogado Guido Gil, en 1967, del líder popular Henry Segarra, desaparecido en 1969, y del líder sindical Mauricio Báez, desaparecido en 1950.
También sobre los casos más recientes del joven dominico-haitiano Gabriel Sandy Alistar, desaparecido en 2004; el de Juan Almonte, militante y defensor de derechos humanos desaparecido en 2009; el caso de Alfonso Santana, en 2012, y el de Randy Vizcaíno, desaparecido desde diciembre de 2013 después de haber sido detenido y llevado en un cuartel de policía.
"Por todos ellos hay fuertes evidencias de que se trata de desapariciones forzadas", apunta la nota, donde además se solicita que se designe un Procurador adjunto para que de seguimiento a las investigaciones de todos los casos mencionados. EFE