FLORIDA, Estados Unidos.-Un grupo de académicos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) reclamó al presidente Barack Obama que use el poder económico y político de Estados Unidos para intervenir a favor de los dominicanos de ascendencia haitiana que corren el riesgo de ser expulsados del territorio dominicano, lo que constituiría un abuso contra sus derechos humanos.
En una carta enviada al presidente Barack Obama los académicos de la FIU, dedicados a la ensañanza del derecho, también piden que ordene al Secretario de Estado, John Kerry, que convoque un grupo de trabajo de “alto nivel” para tratar el tema de los inmigrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana, que a juicio de los profesores en estos momentos se trata de una “crisis”.
Asimismo, acusan a la República Dominicana de ser un país que “que abusa contra los derechos humanos”, que debía ser llevado a la mesa de negociación.
Como parte de los esfuerzos que podría hacer el gobierno de Estados Unidos, los académicos consideran que se debían pensar en otorgar el Estatus de Protección Temporal para los que sean afectados por la apatridia en República Dominicana.
“Señor Presidente, no seamos indulgentes aquí, y usemos nuestra fe en la libertad y la fuerza de nuestro poder económico y político para poner fin a esta crisis. Una simple declaración pública podría incidir en un país que abusa contra los derechos humanos, y puede llevarlo a la mesa de negociación. Además, le pedimos que se ponga en contacto con el secretario Kerry para convocar un grupo de trabajo de alto nivel para abordar esta cuestión, que convoque una cumbre para tratar el problema, y considerar el Estatus de Protección Temporal para los que se vuelven apátridas por estas horribles acciones gubernamentales”, expresaron.
A continuación la carta. Al final texto original en PDF, con las firmas de los responsables:
Universidad Internacional de La Florida
Miami, July 14, 2015
Presidente Barack Obama
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Estimado Presidente Obama,
Los profesores de derecho firmantes le escribimos a usted para expresar nuestra preocupación colectiva y solicitar que tome medidas para detener la deportación masiva en curso de los dominicanos de ascendencia haitiana por el gobierno de la República Dominicana.
Como juristas y miembros interesados de nuestra sociedad, consideramos esto una emergencia de derechos humanos, y hacemos un llamado a que actúe sobre la amenaza inminente para la vida de cientos de miles de nuestros hermanos y hermanas.
La política de deportación de la República Dominicana viola tres normas interrelacionadas y fundamentales de las leyes internacionales, los derechos humanos y el derecho constitucional dominicano. Se trata de una renuncia al principio de la ciudadanía por nacimiento; que amenaza a toda una clase de personas con la condición de apatridia, sin reclamo ni por la República Dominicana ni Haití; y que se implementa mediante una política de discriminación racial.
Como es el caso para la mayoría de nosotros, el hecho de que hemos nacido en este país nos permite poseer ciertos derechos -estamos protegidos por nuestra Constitución, y entre otras cosas, podemos votar, y ciertas libertades no se deben ignorar sin el debido proceso. Lamentablemente, ese derecho de nacimiento se niega en la República Dominicana.
Cientos de miles de nuestros vecinos en esa tierra recientemente se enteraron de que sus derechos como ciudadanos desaparecieron en gran parte debido al color de su piel. Es, por ejemplo, como si alguien determinara arbitrariamente que debido a que nuestros antepasados y madres fueron traídos aquí en barcos de esclavos, o tal vez porque estamos aquí porque nuestros antepasados fueron invitados por un sistema de inmigración débil, ya no somos bienvenidos.
¿Qué se esperaría que hiciéramos?
¿Y si los líderes tanto políticos como de nuestro sistema judicial decidieran que tenemos que salir de este país? Ahora vamos añadirle a nuestros problemas: también formábamos parte de las personas más pobres de su país, un pueblo con prácticamente ninguna influencia política y, ciertamente, poco poder económico. Nos habríamos convertido inmediatamente en apátridas, y no tendríamos dónde acudir en busca de reparación. Eso no podría suceder, ¿verdad?
Pero estamos seguros que usted sabe, que en una decisión de 2013, ampliamente denunciada por su motivación racial, el Tribunal Constitucional de República Dominicana (TCRD) decidió, a pesar del lo contenido en su importante constitución, que la ciudadanía ya no sería conferida por nacimiento en territorio dominicano. Sin embargo, el TRCD no se detuvo ahí; sostuvo que su decisión se aplicaba retroactivamente 100 años. En otras palabras, a pesar de lo expresado en su constitución, las normas de derechos humanos y décadas de práctica razonable, el TCRD decidió, de un plumazo, que generaciones de ciudadanos dominicanos, que sólo han conocido la República Dominicana como su hogar, ahora son apátridas. El TCRD redactó su decisión con la intención de hacerse con el control de un problema de inmigración creciente; sin embargo, esto no es un asunto de inmigración, puesto que estos individuos eran ciudadanos, y ninguna perversión jurídica debería haber cambiado nunca esa realidad.
Como usted también sabe, la apatridia es la falta de cualquier nacionalidad, o la ausencia de un vínculo reconocido entre un individuo y cualquier estado; en otras palabras, la falta total de derechos políticos, sociales y culturales. En virtud de la decisión del TCRD, República Dominicana creó el grupo más grande de personas apátridas en las Américas
El fallo de la TCRD fue recibido con gran clamor en contra y polémica internacional. La Comunidad del Caribe y el Mercado Común (CARICOM) y las Naciones Unidas condenaron a República Dominicana por crear una minoría apátrida. Por otra parte, el fallo fue condenado, entre otros, por el Caucus Negro del Congreso de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y Derechos Humanos y la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta por crear personas apátridas.
Como usted también sabe, la apatridia es la falta de cualquier nacionalidad, o la ausencia de un vínculo reconocido entre un individuo y cualquier estado; en otras palabras, la falta total de derechos políticos, sociales y culturales. En virtud de la decisión del TCRD, República Dominicana creó el grupo más grande de personas apátridas en las Américas.
Y para empeorar más las cosas, el Gobierno declaró el 17 de junio como fecha límite para iniciar redadas y deportaciones masivas. Antes de que empezaran las deportaciones y expulsiones, los informes indican que alrededor de 3,000 personas huyeron de la República Dominicana por miedo a la violencia. Desde la fecha límite del 17 de junio, aproximadamente 4,000 dominicanos han sido expulsados a Haití, y sólo esta semana, la República Dominicana informó que 37,000 de los llamados indocumentados se habían deportado por propia iniciativa. Como demuestran estas cifras, la acción gubernamental está teniendo los horribles resultados previstos.
El gobierno dominicano, con anterioridad a la decisión de la TCRD de 2013, y desde la sentencia, ha llevado a cabo expulsiones mediante redadas a individuos que “parecen haitianos”, tienen un apellido que suena francés, o cuyo acento español no suena dominicano. Como resultado, muchas personas, independientemente de si tienen la documentación que demuestra la residencia o ciudadanía, han sido y continuarán siendo expulsados arbitrariamente hacia Haití.
Nos sentimos orgullosos de que este país creó (sic) la noción misma de los derechos humanos y el derecho internacional, entre otras cosas, con el establecimiento de la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. Sin embargo, en esta tierra, a menudo censuramos violaciones tiránicas de los derechos humanos, tanto por nuestros políticos y rivales económicos: actuamos rápido con Irán, China y Rusia, pero en cuanto a nuestro Sur, nos hacemos de la vista gorda. Nosotros sólo le pedimos que no olvide sus propias palabras enérgicas:
“[La] ley puede ser decepcionante a veces, una cuestión de aplicar reglas limitadas y procedimientos arcanos a una realidad poco cooperativa; una especie de contabilidad glorificada que sirve para regular los asuntos de los que tienen el poder -y que con demasiada frecuencia busca explicar, a los que no lo hacen, la sabiduría última y justeza de su condición”.
Imagínese si a millones de estadounidenses se les dijera mañana que ya no son estadounidenses. Imagínese si se les dijera a millones de estadounidenses que mañana serán despojados de todo por lo que han vivido y trabajado. Como nos recordó una de las más grandes personas del mundo, “La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes”.
La marginación y desnacionalización dominicana de su pueblo sobre la base de su ascendencia nos recuerda muchas de las peores atrocidades de la historia; piense en el Holocausto, piense en el genocidio armenio. Mientras que los asesinatos masivos esperamos que no los volvamos a ver en la República Dominicana, recuerde la “Masacre del Perejil”. Hay que hacer algo pronto.
Como líder del país y de su gente que aprecian la emancipación y la libertad, no podemos quedarnos inmóviles y esperar implemente a que cientos de miles de las personas más pobres y vulnerables del mundo se enfrenten a las deportaciones masivas, y hasta potenciales asesinatos en masa. Una de las crisis humanitarias más graves del mundo se está produciendo junto a nuestras costas, en este mismo instante. Por favor, señor Presidente, apliquemos su orientación:
“He visto la desesperación y el desorden de los que no tienen poder: cómo se retuercen las vidas de los niños en las calles de Yakarta o Nairobi, de la misma manera que se hace con la vida de los niños en el sur de Chicago (…) Conozco la respuesta de los poderosos a este desorden -alternando como lo hace [con] aburrida autocomplacencia…”.
Señor Presidente, no seamos indulgentes aquí, y usemos nuestra fe en la libertad y la fuerza de nuestro poder económico y político para poner fin a esta crisis. Una simple declaración pública podría incidir en un país que abusa contra los derechos humanos, y puede llevarlo a la mesa de negociación. Además, le pedimos que se ponga en contacto con el secretario Kerry para convocar un grupo de trabajo de alto nivel para abordar esta cuestión, que convoque una cumbre para tratar el problema, y considerar el Estatus de Protección Temporal para los que se vuelven apátridas por estas horribles acciones gubernamentales.
Respetuosamente,
[Sigue una extensa lista de más de cien académicos firmantes. Ver documento original den PDF]