SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El coronel Carlos Piccini Núñez, imputado como el militar dominicano que habría recibido el pago de US$3.5 millones de parte de ejecutivos de la empresa brasileña Embraer, para asegurar la compra por parte de República Dominicana de aviones Tucano, por la suma de 92 millones de dólares, había sido acusado de estafa por otro caso.
Su nombre está entre las personas que fueron favorecidas con una recomendación de desestimación de cargos por parte del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), hoy Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pero el caso no ha concluido.
En el año 1999 Piccini fue dado de baja, acusado de estafa. El caso llegó a la justicia, pero no ha concluido todavía.
Este hecho no fue obstáculo para que el entonces jefe de Estado Mayor de la FAD, mayor general Rafael Peña Antonio, hombre de estrecha confianza del presidente Leonel Fernández, protegiera a Piccini y lo reintegrara a las filas militares.
Incluso, el coronel Piccini fue encargado por la jefatura militar de negociar con la empresa española ARPA la compra de quipos mejorar la vigilancia y protección de la frontera terrestre con Haití.
Por este caso fue apoderado el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, donde se encuentra pendiente de decisión
En la página 29 del libro 20 añ0s de impunidad, editado por Participación Ciudadana, aparece el caso de Carlos Piccini Núñez entre los expedientes de corrupción no concluidos.
En el capítulo Procesos pendientes de decisión en la justicia/fase de instrucción (Juzgado De Instrucción), se registra el Caso 14:
C a s o Aeronáutica Civil. Entró al entonces Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO) el 31 de agosto del año 2000, y está relacionado con un caso de estafa que Piccini junto a otros militares y civiles habría cometido en el primer gobierno de Leonel Fernández, de 1996 al 2000.
Del DEPRECO fue remitido al Procurador General de la República, con recomendación de sometimiento judicial.
Los acusados, según expediente, eran: Jesusita Hernández (detenida), Armando Castillo Peña (detenido), Alfredo Rivera Peguero (libre en virtud de suspensión de prisión dada por el Juzgado de Instrucción), Magnus Cristian Lied (libre), Héctor Adriano Martínez Florimón (libre), Ramón Antonio Rivera Berroa (libre), José Manuel Díaz Peralta (libre) y Eugenio Díaz Pérez (libre). Recomendación de desestimación en cuanto a los señores Vitelio Mejía Ortiz, Claudio Méndez Gabot, José David Mordán, César Félix Bueno Rodríguez, Jeannette Haché Campos, Pedro De la Cruz, Gustavo Valerio Arias y Carlos Piccini Núñez.
Por este caso fue apoderado el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, donde se encuentra pendiente de decisión.
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