SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Hay voces a favor y en contra de las reformas judiciales requeridas para que el asunto sea arrancado del ámbito penal, aunque a la par existe cierto consenso en que se debe garantizar que los jueces encargados de castigar -y también de exculpar- impartan justicia a cabalidad y que para ello deben tener la suficiente preparación académica y el oportuno asesoramiento médico.
Solo así los jueces no caerán en el mismo pozo donde trastabillan los médicos acusados judicialmente, advierten los protagonistas de la discusión.
Lo reveló presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos
La revelación de que se está redactando un texto con aspiraciones de convertirse en ley para que las penas de prisión no alcance a los médicos y estos casos se ventilen exclusivamente en el ámbito del derecho civil, descartando ser "criminalizadas", se remonta a septiembre de 2018 cuando así lo sacó a la luz pública el presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, doctor José Domínguez Cabral.
"Estamos trabajando en un protocolo para llevarlo a un proyecto de ley para que las demandas médicas no sean criminalizadas, si no que se manejen por lo civil; porque el médico nunca tiene la intención de dañar; al contrario, el médico está formado para curar a las personas", dijo entonces Domínguez Cabral.
Hasta mediados del año pasado, sumaban 345 las demandas legales contra los colegiados, y de ellas 68 penales, y desde entonces se cree que esas cifras se han incrementado.
Arrepentimientos en las mismas puertas del quirófano
El asunto conlleva el riesgo de que, ante algún caso complejo que deje entrever la empuñadura de la espada judicial, los médicos especialistas digan a las puertas del quirófano: “yo no entro ahí… ¿Y entonces qué va a pasar con la medicina y con el paciente?”, se preguntó el presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos al justificar la iniciativa de cambio.
"Nosotros –añadió Domínguez Cabral- estamos de acuerdo con las demandas médicas cuando haya mala práctica, pero debe haber también un comité, un equipo de peritos, que se encargue de discernir cuáles demandas van a prosperar y cuáles no”.
En República Dominicana, remató, “hace falta, como hay en Argentina, Chile, México y otros países, médicos especialistas ya retirados que conforman el Comité de Peritos”, encargado de analizar cada caso y determinar cuáles proceden.
Carta Magna establece que la ley se impone para todos
Entre las voces calificadas que advierten que una modificación en ese sentido atentaría contra principios constitucionales destaca la de la abogada Susan Espaillat, quien expuso sus puntos de vista en una declaración escrita en exclusiva para www.acento.com.do/salud
“Desde mi punto de vista, como ser humano y como jurista –dijo-, despenalizar la mala práctica médica es totalmente impropio y sería premiar al autor del daño”.
La declaración de la autora del libro “La Responsabilidad Penal de las Sociedades Comerciales”, con una maestría en Derecho Empresarial y un post Grado en Procedimiento Civil, añadió que, “a todas luces (la mala praxis médica), es un hecho que debe ser penalizado”.
Espaillat identificó en la propuesta el objetivo “de minimizar la sanción de aquel médico que haya ocasionado, en el ejercicio de su profesión, daños a un paciente y en ocasiones hasta la muerte”, en momentos en que “más de 345 demandas médicas, de las cuales 200 son civiles y 68 de tipo penal”, se presentan como “una muestra de que el sistema médico dominicano debe exigir a nuestro médicos mayor preparación y no (…) que se minimice los errores médicos”.
También abogó por un contexto que permita efectivamente impartir justicia a cabalidad: “Evidentemente, la aplicación de una sanción penal, como es el caso de la prisión o la multa, tiene que ser impuesta una vez se hayan agotado todos los procesos legales que la ley también impone en beneficio del prevenido”, declaró.
“Si, y solo sí, se encuentran los elementos constitutivos que lo hacen padecer de sanciones penales, entonces dicho médico debe sufrir sanciones penales en adición de las sanciones civiles”, remarcó.
El ejercicio médico exige, añadió la abogada, "una disciplina férrea en preparación, constantes estudios, actualización, dedicación a su paciente y a su carrera" y, a su vez, "el alma de la ciencia penal tiene por finalidad evitar determinados comportamientos sociales que se reputan dañinos, acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen”.
Mala práxis que eleva mortalidad materno-infantil
Arismendi Díaz Santana, quien dirigió el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), escribió en febrero en Acento (https://acento.com.do/2018/opinion/8535020-sancionar-la-mala-praxis-medica/) que, además de la Constitución y las leyes, “todos debemos apoyar, y exigir que se cumpla la decisión del Ministerio de Salud Pública de sancionar las malas prácticas que elevan la mortalidad materno-infantil”.
El economista y consultor de la OPS/OMS, BID, PNUD y la OISS en seis países de América Latina y autor del libro “Cómo se diseñó y concertó la ley de Seguridad Social”, aludía así a la resolución para sancionar las malas prácticas, ausencias y otras negligencias del personal de salud, tanto público como privado, que elevan la mortalidad materno-infantil.
Quien ha realizado decenas de consultorías para las ARS y PSS del país, públicas y privadas, atribuyó al Ministerio de Salud Pública la cuenta en poco tiempo de 157 muertes maternas, de las cuales un contundente 88% (138) “eran evitables”.
Dos tercios de esas muertes, aseguró, se produjeron en la red pública y el tercio restante en las clínicas privadas.
Las faltas tipificadas por el Ministerio
El MSP tipifica los tipos de faltas: negación de servicios por incapacidad de pago de los pacientes, negligencia en el desempeño, ausencia no justificada en servicio, incompetencia profesional, impericia y empleo de personal de salud sin competencia para el desempeño.
Díaz Santana habló en su texto de “negligencias del personal médico y de los directores de los hospitales y clínicas”, de “tradicionales deficiencias del Ministerio de Salud” y remarcó que esta y otras instancias ”han adolecido de capacidad real para regular las políticas de salud, y para supervisar y sancionar el cumplimiento de la ley".
De esta forma, denunció, se ha permitido que hospitales, clínicas y ONGs ejerzan "sin cumplir con los estándares que establece la Ley General de Salud”.
“Esta lamentable situación -manifestó entonces el economista especializado en seguridad social en España- es el resultado de una debilidad institucional que viene de lejos, donde tenemos un ministerio con limitada capacidad para hacer cumplir los protocolos de atención, frente a una medicina privada todopoderosa, y a gremios profesionales que objetan cualquier intento de sanción de sus afiliados”.
En este contexto se explica, remató Díaz Santana, “el rápido crecimiento de las demandas por mala praxis médica, muchas de las cuales pudieran evitarse si el MSP aplicara con autoridad los protocolos de atención” y si el Estado garantizara “el suministro de los equipos, insumos y medicamentos necesarios”.