SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La entidad civil Participación Ciudadana manifestó que la acusación presentada por el procurador General de la República contra el senador por San Juan de la Maguana Félix Bautista, obliga a un juicio de fondo para que se establezca la veracidad de los hechos imputados.

“La Suprema Corte de Justicia está en la obligación de esclarecer este caso con una decisión independientemente e imparcial, sobre los hechos denunciados por la más alta autoridad del Ministerio Público”, enfatizaron.

El PC resaltó que una persona que haya sido favorecida con contratos de obras públicas y otras facilidades cuyos montos son ascendentes a más de RD$14 MM, que le depositaran en bancos en un solo año, la suma de RD$2, 500 MM y que haya adquirido propiedades de lujos como lo establece en refiere la acusación a Félix Bautista, debe ser investigada.

“El proceso que se abre ante la Suprema Corte de Justicia debe estar rodeado de todas las garantías, no solo a favor de los imputados sino por igual para el Ministerio Públicoque, en cumplimiento de su deber ha decidido romper la impunidad”, resaltaron.

Pidieron a la SCJ actuar con total independencia, comenzando por el recién designado juez de la Instrucción, el cual tiene antecedentes de haber sido funcionario del mismo partido del principal imputado, en este caso Félix Bautista acusado de corrupción, lavado de activos y falsificación en escritura pública.

“Las cifras mencionadas en la acusación y requerimiento de apertura a juicio convierte el presente caso en uno de los más relevantes jamás conocidos en la historia judicial de la República Dominicana”, apuntaron.

Establecieron que la SCJ está en la obligación de esclarecer este caso con una decisión independiente e imparcial, sobre los hechos denunciados por las mas altas autoridades del MP.

La Procuraduría General de la República solicitó el pasado miércoles 22 de octubre de 2014, prisión contra el senador Félix Bautista, secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por delitos calificados como “hechos graves de corrupción y lavado”.

Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República solicitó apertura de juicio contra el rico e influyente legislador sanjuanero.

Ambos pedidos fueron hechos mediante el depósito de un escrito depositado ante la Suprema Corte de Justicia.