El comisionado del gobierno de Puerto Príncipe escribió a los directores y gerentes de los bancos comerciales de la capital para pedirles que pospusieran inmediatamente cualquier actividad transaccional con una treintena de compañías. Clamé Ocnam Daméus les pide que bloqueen las cuentas de estas compañías y las de sus accionistas que actualmente están sujetos a medidas de protección en el contexto de dos investigaciones judiciales abiertas y controladas por la fiscalía en relación con el manejo de los fondos relacionados con el PetroCaribe y kits escolares. El abogado Patrick Laurent ve un acto ilegal. "Cuando un archivo se encuentra en el nivel del gabinete de instrucción y paralelamente el comisionado del gobierno está tomando medidas, ya no estamos dentro del marco de la ley", afirma.
Invitado al programa Panel Magik el martes, el abogado explicó que cuando un juez tiene un caso, el comisionado del gobierno se convierte en parte del juicio, lo que viene a limitar sus poderes. "Para cualquier cosa que quiera preguntar, debe hacerlo a través de una acusación dirigida al juez de instrucción", dice Patrick Laurent.
Depende del juez de instrucción buscar pruebas suficientes y concordantes en el contexto de una investigación. "Cuando encuentra pistas suficientes y concordantes contra el acusado, lo envía a un juez para que lo juzguen, pero cuando no las encuentra y se da cuenta de que la queja es fantasiosa e infundada, dicta una orden de sobreseimiento. Eso es lo que puede garantizar la seguridad judicial ", dice Laurent.
En virtud de cuál ley el comisionado del gobierno solicitó a los bancos que congelen las cuentas de estas compañías y las de sus accionistas, se pregunta Patrick Laurent. Al subrayar la ilegalidad de tal decisión, afirma que el fiscal de Puerto Príncipe debería haber recurrido al juez de instrucción. Cualquier acto planteado en el plano penal sin una referencia legal es un acto arbitrario, recalcó el cronista del título "Parenthèse juridique". Debido a sus acciones, el comisionado del gobierno bien podría ser condenado algún día. "Cualquier persona que realice un acto arbitrario, viole la Constitución y viole el principio de libertad individual puede ser responsable ante los tribunales y sin el permiso de ningún otro organismo", dijo el Sr. Laurent.
El abogado también invita a los técnicos a acercarse a la carpeta de PetroCaribe con la cabeza fría para evitar que el Estado sea víctima doble por defecto de forma, falla procesal y violación de la ley. "No tiene sentido correr en asuntos de la justicia. Cuando uno actúa mal en asuntos criminales ̶ continúa ̶ los verdugos pueden pasar por víctimas". Es necesario ser paciente para poder actuar a nivel judicial y especialmente en el marco de una encuesta que tiene un carácter financiero.