El derroche de recursos públicos en el Fondo Patrimonial de las Empresas Renovadas (Fonper) en el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tuvo como corresponsable a la unidad de auditoría interna de la Contraloría General de la República, que tiene la obligación de custodiar el uso adecuado de los recursos públicos y dar cumplimientos a los controles internos de las entidades públicas.
En la investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) a los estados financieros del Fonper, los auditores encontraron documentaciones que comprometen a la servidora Ana Rosana Mendoza García, encargada de la referida unidad de la Contraloría, de haber recibido dádivas o sobornos de autoridades de la institución por la suma de RD$ 320, 000.
Asimismo, los investigadores identificaron desembolsos mediante transferencias a la cuenta de la auditora Mendoza por otros 182 mil 600 pesos, por concepto de compensación de almuerzos entre los años 2017 hasta el 2020.
Sobre este punto, el pleno de la Cámara refiere que la Ley 41-08 de función pública y que crea el Ministerio de Administración Pública, indica en el artículo 80:
“Les está prohibido solicitar, aceptar o recibir, directa o indirectamente o por medio de personas, pagos por actos inherentes a sus cargos.”
Los primeros desembolsos a favor de la encargada de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, Mendoza García, se hicieron en transferencias bancarias de 80 mil pesos en diciembre de cada año, que sumaron 320 mil 000 hasta diciembre de 2020.
Pero también, y de acuerdo con los investigadores de la CCRD, la servidora recibía cada mes del Fonper la suma de RD $5.500 por compensación de almuerzos, que sumado en tres años serían 182 mil 600 pesos.
Esta práctica ilegal permitió que las autoridades del Fonper dispusieran a sus anchas de los recursos asignados, sin regulación ni control interno por parte de la Contraloría General de la República.