Panamá, 10 may (EFE).- El Gobierno de Panamá puso fin a un contrato con un consorcio de la empresa española Inassa por no acabar un proyecto de alcantarillado, justo cuando la Justicia de España investiga un caso de corrupción que involucra a esa compañía de capital público, informó hoy a Efe una fuente oficial.
La investigación apunta a un sobreprecio de 70 millones de euros en la adquisición de Inassa, en 2001, y a que los imputados pudieron pagar comisiones a funcionarios en Panamá, Colombia o República Dominicana a cambio de adjudicaciones de proyectos.
La obra quedó en 2012 en manos de Inassa, filial latinoamericana del Canal de Isabel II -que gestiona las aguas de Madrid- y la también española Compañía Levantina de Edificaciones y Obras Públicas (Cleop), por un monto de 4 millones de dólares.
Pero a marzo de 2017 la construcción, en la localidad de La Pintada, provincia panameña de Coclé, tenía un avance del 25 %, de acuerdo a documentos del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de Panamá (Conades),que contrató la obra.
El secretario general del Conades, Manuel Soriano, dijo a Efe que el consorcio incumplió los compromisos adquiridos para agilizar el proyecto, y que la ejecución se ralentizó desde julio de 2014, fecha en que se inició la actual Administración gubernamental.
En esos años, Cleop, que era la empresa ejecutora en campo, abandonó la obra y a Inassa le fue imposible conseguir un nuevo par, mientras el Conades le otorgó un último plazo para reiniciar las obras que terminó el pasado lunes 8 de mayo, explicó Soriano al diario La Estrella de Panamá.
El sistema de alcantarillado beneficiaría a 4.000 personas e incluye una planta de tratamiento y una red de 10 kilómetros de tuberías, de acuerdo con Soriano, que ordenó la ejecución de una fianza de cumplimiento.
Inassa es una de las empresas investigadas en España en el denominado caso Lezo, por presunta corrupción en el Canal de Isabel II, que se dio a conocer en abril pasado, cuando quedaron detenidas doce personas, entre ellas el expresidente de esa empresa y de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Entre los detenidos está Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa de 2003 a 2016, cuando fue destituido tras aparecer vinculado a varias sociedades offshore y que figuraron en el escándalo de los llamados papeles de Panamá.
Según la Fiscalía española, estos son "negocios que presuntamente siguen a día de hoy reportando ingentes beneficios fraudulentos" a Rodríguez.
Medios locales de Panamá que citan la investigación del juez de la operación Lezo, Eloy Velasco, indican que por la obra de La Pintada se pagó un soborno de 273.000 dólares, lo que explica la diferencia entre el precio de referencia del Conades para ese contrato (3,7 millones de dólares) y el monto de adjudicación final (4 millones de dólares).
Velasco investiga supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
Las autoridades panameñas no se han pronunciado sobre sospechas de corrupción en el contrato suspendido.
A pesar de los incumplimientos al contrato, el Gobierno de Panamá otorgó a Inassa otro contrato en 2015 por 7,7 millones de dólares para la construcción y mantenimiento del acueducto del pueblo Los Pozos, en la provincia de Herrera, publicó el diario panameño La Prensa. EFE