SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Envían a prisión a siete de los 11 imputados acusados de estafa y asociación de malhechores por la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.
El magistrado de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas impuso tres meses de medida de coerción contra Manuel Aybar Ferrando; ex Gerente Inmobiliario de CORDE, Leoncio Almánzar Objío, ex Director de CORDE, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA; Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI; y por último, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC.
De acuerdo a la orden del juez, las medidas preventivas deberán ser cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres y Najayo- Mujeres en el caso de la dama.
Mientras que, ordenó el pago de una garantía económica de Quinientos mil pesos, (RD$500.000), impedimento de salida y presentación periódica los días primero de cada mes para los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco, Hadonis Ruiz Mella y Rosabel Castillo Rolffot, ex Registradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos e Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico de CORDE.
Durante la audiencia, el magistrado Vargas expresó que al Ministerio Público le faltó instrumentar el expediente y sustentar evidencias que pudiesen comprometer las acciones de los cuatro imputados que alegadamente quedan fuera del proceso carcelario.
Dijo que tres meses de prisión preventiva son suficientes para desarrollar el caso de corrupción por la venta ilícita de dichos terrenos, por lo que además, considera impreciso declarar el complejo el caso de Los Tres Brazos.
Asimismo, apoderó al Tercer Juzgado de Instrucción para llevar el control del proceso, cuya próxima audiencia fue fijada para el 25 de octubre.
En su intervención durante la lectura de medida de coerción, el magistrado señaló que el asunto de “si el Senado debió aprobar o no la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos”, debería ser aclarado por el Tribunal Constitucional, el cual está facultado para establecer si dicho procedimiento debe ser aprobado por el Congreso Nacional.
En cuanto a los imputados enviados a prisión, manifestó que de acuerdo a las evidencias y el expediente instrumentado por el Ministerio Público “estos no hicieron lo correcto, y armaron un timbrado para aprovecharse económicamente de la situación”.
“Ustedes han dado razones al Ministerio Público de que se asociaron para estafar al Estado”, adujo Vargas en momentos en que cuestionaba el accionar de cada de uno de los acusados ante el tribunal.
Concluyó diciendo que el Ministerio Público tiene muchos fundamentos para sustentar acusación sobre ese acto poco transparente.