SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus podrían arrastrar a otras 500 millones de personas a la pobreza si la próxima semana no se toman medidas urgentes para rescatar a los países en desarrollo, entre ellas el no cobro de la deuda externa de las naciones más pobres.
Como nunca, instancias no gubernamentales y el FMI, por ejemplo, coinciden en la necesidad de no cobrar la deuda externa que arrastran los países más vulnerables.
Una de ellas es la confederación internacional Oxfam, formada por 19 organizaciones no gubernamentales de 90 países que realizan labores humanitarias bajo el lema "trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento".
De cara a las reuniones clave del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un lado y de los ministros de Finanzas del G20 por otro, la organización pide a los líderes mundiales que acuerden un plan de rescate económico universal para mantener a flote a los países y comunidades pobres.
Así lo exigen los integrantes de OXFAM en una nota informativa difundida hoy.
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Este nuevo informe de Oxfam presenta los resultados de un nuevo análisis que indica que el paro de las actividades económicas impuesto por los gobiernos para controlar la propagación del virus podría sumir en la pobreza a entre el 6% y el 8% de la población mundial.
Esto podría suponer un retroceso de una década en la lucha contra la pobreza, y de hasta 30 años en algunas regiones, como África subsahariana, Oriente Próximo y el Norte de África. Más de la mitad de la población mundial podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia.
El análisis, publicado hoy por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de las Naciones Unidas, fue realizado por investigadores del King’s College de Londres y la Universidad Nacional de Australia.
Un plan de rescate económico universal permitiría a los países pobres proporcionar subvenciones en efectivo a todas las personas que hayan perdido su fuente de ingresos como resultado de la pandemia, así como rescatar a los pequeños negocios, que son más vulnerables. El plan podría financiarse a través de una serie de medidas, incluidas:
- La cancelación inmediata en 2020 del pago de la deuda externa de los países en desarrollo por valor de un billón de dólares. Por ejemplo, la cancelación del pago de la deuda externa de Ghana en 2020 permitiría al país conceder una subvención de 20 dólares al mes a cada uno de los 16 millones de niños y niñas, personas con discapacidad y personas mayores que hay en el país durante un período de seis meses.
- La movilización de al menos un billón de dólares en nuevos activos de reserva internacional, denominados derechos especiales de giro, para aumentar drásticamente los fondos disponibles para los países. Esta medida permitiría al Gobierno de Etiopía tener acceso a 630 millones de dólares adicionales, cantidad suficiente para aumentar su gasto en salud en un 45%.
Las desigualdades existentes marcan los impactos económicos de la crisis. Las trabajadoras y trabajadores más pobres tanto en países ricos como en pobres tienen menos probabilidades de tener un empleo formal, disfrutar de prestaciones y beneficios laborales como la licencia por enfermedad o poder trabajar desde casa. Solo una de cada cuatro personas desempleadas en el mundo tiene acceso a prestaciones por desempleo. Dos mil millones de personas trabajan en el sector informal, sin acceso a licencias por enfermedad, sobre todo en los países en desarrollo, donde el 90% de los empleos son informales, frente al 18% en los países ricos.
Las mujeres están en la primera línea de la respuesta al coronavirus y tienen más probabilidades de ser las más perjudicadas económicamente. Constituyen el 70% de la fuerza laboral en el sector de la salud en el mundo, y se ocupan del 75% del trabajo de cuidados no remunerado, lo que incluye el cuidado de los hijos, de las personas enfermas y de las personas mayores. A su vez, las mujeres tienen más probabilidades de tener empleos precarios y mal remunerados, que además son los más amenazados por la crisis. Más de un millón de personas que trabajan en el sector textil en Bangladesh (de los que el 80% son mujeres) han sido despedidas o se les ha pedido que se queden en casa sin recibir ninguna remuneración después de que las marcas de ropa de los países occidentales hayan cancelado o suspendido sus pedidos.
Varios países ricos están aplicando medidas de estímulo económico valoradas en miles de millones de dólares para apoyar a los negocios y a los trabajadores y trabajadoras, pero la gran mayoría de los países en desarrollo no disponen de la capacidad financiera necesaria para tomar este tipo de medidas. Las Naciones Unidas estiman que la crisis podría destruir cerca de la mitad de los empleos en África. Micah Olywang, taxista y padre de tres hijos, no ha tenido ningún cliente desde el cierre del aeropuerto, los bares y los restaurantes. Según dijo a Oxfam, “este virus nos matará de hambre antes de enfermarnos.”
Para movilizar los 2,5 billones de dólares que las Naciones Unidas estiman necesarios para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la pandemia, también sería necesario aumentar la dotación de la ayuda internacional con 500 000 millones de dólares adicionales. Esto incluye los 160 000 millones que Oxfam estima que serían necesarios para reforzar los sistemas de salud pública de los países pobres, y los 2000 millones para el fondo humanitario de las Naciones Unidas). A su vez, podrían movilizarse recursos adicionales a través de la aplicación de medidas fiscales solidarias de emergencia, como la aplicación de impuestos sobre beneficios extraordinarios o las fortunas de las personas más ricas del mundo.
“Los Gobiernos deben aprender las lecciones de la crisis financiera global de 2008, cuando se rescató a los bancos y las grandes empresas a costa del resto de la ciudadanía, que tuvo que asumir la destrucción de puestos de trabajo, la congelación de los salarios y enormes recortes a servicios básicos como la atención médica. Los paquetes de estímulo económico deben apoyar a las trabajadoras y trabajadores y a las pequeñas empresas, y los rescates a las grandes empresas deberán estar sujetos a que tomen medidas para contribuir a unas economías más justas y sostenibles”, añade José María Vera.