Tomado e Folha de Sao Paulo
Andrade Gutiérrez, la segunda mayor empresa constructora del país, dice haber pagado los gastos de proveedores de la campaña electoral de Dilma Rousseff en 2010. El pago, ilegal, se hizo a través de contrato ficticio de prestación de servicios.
La revelación fue hecha de acuerdo con la negociación de los cargos de los once ejecutivos de Andrade, según el diario brasileño Folha do Sao Paulo, y es la primera cita directa de irregularidades investigadas por la operación Lava Jato que implican una campaña del presidente de la República.
El proveedor conocido hasta el momento, de acuerdo con personas que tuvieron acceso a los detalles del acuerdo en el Ministerio Público Federal, es la agencia de comunicación Pepper, que trabajó para Dilma en 2010.
El pago se hizo, según las fuentes, por solicitud directa de uno de los coordinadores de la campaña del PT.
Para dar un aspecto de pago regular en su contabilidad, Andrade produjo un contrato ficticio con Pepper, según se informa. El valor, de acuerdo con el mismo informe, superó los 5 millones de reales (R$) en los valores de entonces.
Según lo que los informantes acordaron con el Ministerio Público, los sobornos en estos casos irían a PT y el PMDB en la forma clásica determinada por la operación Lava Jato: donaciones políticas legales, pero con el origen de los fondos en acuerdos irregulares en obras públicas
En 2010, Andrade Gutiérrez hizo tres donaciones oficiales a la comisión de finanzas de la campaña de Dilma, entre agosto y octubre, un total de R$5,1 millones. La campaña de Dilma declaró gastos de R$6,5 millones específicamente con la agencia Pepper.
De acuerdo con los ministros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este tipo de triangulación representa una “caja dos” (“caixa dois”, recursos financieros no contabilizados). Como se trata de la campaña de 2010, en la justicia Electoral no habrá consecuencias directas en caso de que se compruebe el delito, como pudiera ser la separación del cargo, porque el gobierno terminó en 2014, aclara la Folha. Caben, sin embargo, las acciones delictivas en el episodio.
Localizado por la Folha, el tesorero de la campaña presidencial de 2010, José de Filippi Jr., negó las irregularidades señaladas por Andrade Gutiérrez. Según él, "todo se hizo legalmente, de manera legítima y no hubo fraude".
Pepper informó que no ellos tienen conocimiento de la denuncia de Andrade y que solo se manifestarán en el momento y el lugar apropiados. La compañía también dijo que firmó un contrato con el contratista y que entre los servicios prestados estaba supervisar las redes sociales y la presentación de las herramientas para directores de la compañía.
Más revelaciones
Además de la información sobre la campaña de 2010, la “hoja de ruta” acordado con los fiscales incluye revelaciones sobre las irregularidades en la construcción de la planta nuclear Angra 3, la central hidroeléctrica de Belo Monte, Petrobras y tres estadios de la Copa del Mundo (Amazon Arena, Maracaná y Mane Garrincha de Brasilia).
Según lo que los informantes acordaron con el Ministerio Público, los sobornos en estos casos irían a PT y el PMDB en la forma clásica determinada por la operación Lava Jato: donaciones políticas legales, pero con el origen de los fondos en acuerdos irregulares en obras públicas.
El acuerdo entre Andrade Gutiérrez y el Ministerio Público implica el pago por la constructora de una multa de R$1 mil millones y determina que once (11) ejecutivos que trabajan o han trabajado en la empresa de construcción tienen o sabían del pago de sobornos por parte de la empresa.
Reacción en el Planalto
Las acusaciones de los ejecutivos Andrade Gutierrez se recibieron con preocupación por el Palacio de Planalto, la sede del Gobierno Federal brasileño, lo que consideran un factor más de desgaste en la imagen del presidente y de nuevo empuja al gobierno federal hacia el centro de las investigaciones de la Policía Federal.
Asesores auxiliares y PT reconocen que las sospechas serán explotadas por los partidos de oposición para defender el juicio político del PT, pero estiman que tendrá un impacto directo en el proceso de destitución de la fórmula presidencial en el Tribunal Electoral, una vez que este analice las supuestas irregularidades en la campaña de 2014, no de 2010.
Desde el punto de vista político, la información aparece en un momento de gran debilidad del Gobierno, que acaba de anunciar el cambio del ministro José Eduardo Cardozo (Justicia), uno de los coordinadores de la campaña de Rousseff en 2010, bajo la presión del PT y del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva. La persona que asume la carpeta es Wellington César Lima e Silva.
Cardozo, quien permanecerá en el gobierno al frente de la oficina del Procurador General, fue programado para ayudar a proteger el Planalto siempre que Lava Jato u otras investigaciones golpeen las puertas del Gobierno.