SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tribunal de Ejecución de la Pena de la provincia Santo Domingo, ordenó la variación de la pena al ex banquero Leonel Almonte, quien en primera instancia fue condenado a cumplir 15 años de prisión por estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores.

Según la decisión del juez Richard Fidel Aquino Natera, Almonte deberá cumplir su condena bajo la modalidad “Prisión Domiciliaria” en su residencia de la calle Max Henrique Ureña, número 46, del Ensanche Piantini.

Es la segunda vez que un juez ordena la prisión domiciliaria al ex banquero, la cual le fue concedida en el 2013 y tras un año fue ordenado su regreso a prisión luego de ser declarado inadmisible el recurso interpuesto por Almonte.

El ex banquero condenado por robar el dinero de los ahorrantes de su banco, el desaparecido El Universal, fue regresado a prisión en Haras Nacionales, en agosto de este año 2013, debido a que supuestamente la cárcel Najayo Hombres estaba siendo remodelada.

Sin embargo, el 31 de octubre de 2013, el Magistrado Richard Fidel Aquino Natera, Juez del Tribunal de la ejecución de la Pena del Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo, conoció en audiencia la solicitud de Almonte de ser favorecido con prisión domiciliaria, audiencia que fue suficiente para que el juez ordenara nuevamente su prisión domiciliaria.

El tribunal reiteró además el impedimento de salida del país del condenado por estafa así como la prohibición a realizar cualquier tipo de comercios especialmente los relacionados con negocios, finanzas y banca.

Lea íntegra la sentencia que otorga prisión domiciliaria a Leonel Almonte

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Para Ramón nunca hubo un indulto

(Gustavo Olivo Peña. Publicado en el desaparecido Clave Digital)
El 4 de diciembre de 2008 quedará en la memoria de la familia Paredes Olivo, de Villa Riva, como una fecha desgraciada y triste.

Ese día Ramón Antonio Paredes Olivo fue muerto a tiros por un raso del Ejército Nacional en la fortaleza La Concepción, de La Vega.

Ramón era un joven de 28 años que padecía de esquizofrenia paranoide, y debía de llevar un tratamiento permanente, como certificó su psiquiatra.

Estaba en prisión cumpliendo una condena de 5 años por una riña que sostuvo con un ciudadano, al que su familia señala como acosador sexual.

Fue acusado de agresión y, sin tomar en consideración su enfermedad, en 2006 fue condenado en San Francisco de Macorís y posteriormente trasladado a La Vega, en cuya cárcel sufrió una crisis que le hizo correr de un lado a otro por el patio de la prisión. Y aún cuando los reclusos gritaban que se trataba de “un loco” inofensivo, fue acribillado sin piedad.

Su familia ha enfrentado duros obstáculos en su reclamo de justicia, pues el poder quiere imponer la impunidad.

Curiosamente, 18 días después de la muerte de Ramón, el presidente Leonel Fernández indultó, por “problemas de salud” a Vivian Lubrano, la del fraude del Baninter (que ni siquiera llegó a pisar la cárcel después de recibir la condena), y a Pedro Franco, Antonio Marte, Milcíades Amaro y Gervasio de la Rosa, del caso Renove.

En contraste, ninguna autoridad consideró que Ramón era un enfermo mental, que no debía estar preso. Este sistema podrido mató a Ramón, un hombre común, sin riquezas ni influencias para merecer un indulto.