SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Unas 17 organizaciones de Latinoamérica y el Caribe que trabajan por los derechos de las mujeres exigieron de sus gobiernos que revisen las leyes que penalizan el aborto terapéutico, por considerar que estas legislaciones pueden tener en la práctica un impacto discriminatorio en las mujeres y obstaculizar el acceso a servicios de salud reproductiva.
Las entidades responden así al fallo histórico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoció que los Estados deberían eliminar la sanción penal para el acceso a los servicios de salud materna, los cuales incluyen la interrupción del embarazo para garantizar el derecho a la salud de las mujeres.
La Colectiva Mujer y Salud, de República Dominicana es una de las entidades que firmaron el comunicado que coincide con la CIDH en el peligro que representa para las mujeres unas leyes que no les permiten ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
En un comunicado, la Colectiva explica que las organizaciones informaron a la CIDH sobre la carencia de políticas públicas que incluyan de manera efectiva la salud reproductiva de las mujeres, así como políticas públicas tendientes a la prevención de embarazos no deseados.
En la audiencia, la CIDH recibió, además, información “sobre las consecuencias e impacto de leyes restrictivas sobre la interrupción legal del embarazo, incluyendo la práctica de abortos en condiciones inseguras y la morbi-mortalidad materna; problemáticas que afectan de manera especial a las niñas y mujeres jóvenes pobres, de bajo nivel educativo, y que habitan en zonas rurales”.
Las organizaciones o iniciativas que exigen revisiones de leyes en sus países son Campaña 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe (Regional); Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (El Salvador); Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (Argentina); Centro de Derechos de Mujeres (CDM) (Honduras); Centro de Documentación y Estudios (CDE) (Paraguay); Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Argentina); Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) (Perú) y Colectiva Mujer y Salud (República Dominicana).
Igual participan en la demanda de acciones la Colectiva por el Derecho a Decidir (Costa Rica); Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR) (Brasil); Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina); Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) (México); Ipas Centroamérica; La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia) y MYSU, Mujer y Salud en Uruguay.