SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A propósito de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Cero Discriminación, más de 15 organizaciones sociales se manifestaron, pacíficamente, frente al Congreso Nacional para exigir a los legisladores la aprobación de la Ley General de Igualdad y No discriminación.
El Comité Gestor, denominado #YoQuieroUnaLey, explicó que dicha fue sometida el pasado 29 de septiembre del 2020, luego enviada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, pero hasta el momento no ha sido revisada ni aprobada.
Alegan que República Dominicana no cuenta con un marco legal que proteja a personas vulnerables, como personas que viven con VIH, personas transgénero, trabajadores sexuales, consumidores de sustancias prohibidas, ciudadanos con diferentes preferencias sexuales, entre otros.
“No contar con un documento de peso legal que establezca sanciones claras y aplicables a quienes laceran la dignidad humana, no solo pone en riesgo a las personas en situación de discriminación y exclusión social, sino a todas las poblaciones que son recogidas en la misma ley”, expresan en un documento de prensa.
Entre los casos más frecuentes de discriminación en el país mencionaron las cancelaciones masivas y sin justificación antes de que el empleado cumpla los tres meses, para no beneficiarlos con sus prestaciones laborales.
También denunciaron que se les realizan exámenes físicos para saber si tienen tatuajes, o piercing, y supuestamente, por esas razones son desvinculados de las empresas.
Además, dicen que buscan sus perfiles en las redes sociales, y si ven que tienen una “vida de libertinaje”, son cancelados de sus empleos sin mirar la calidad de su trabajo. Unido a esto, señalaron, se hacen pruebas de drogas para tener una justificación y ser cancelados antes de cumplir los tres meses.
“Lo que queremos es que haya sanciones para los que discriminan y excluyen a estas personas. Cada día, esas discriminaciones crecen más. Por ejemplo, los usuarios de droga son enfermos mentales y no son tratados como tal. Hay sanciones por el consumo, pero no hay prevención. Los muchachos que están en pandillas no están ahí porque quieren. Tampoco hay acceso de servicios de salud para los enfermos mentales, como el caso de la esquizofrenia. También son discriminados”, aseguró Magalys Mendoza, representante del movimiento Jóvenes y Mujeres por el Cambio.
Dijo que en las zonas más pobres, como en los bateyes, es más difícil la situación y la discriminación es mayor.
Abogan para que se inicien las vistas públicas de la referida ley y que así pueda ser aprobada lo antes posibles, pues contempla sanciones para los empleadores que comentan discriminación contra estos grupos de la sociedad.
Entre las organizaciones que conforman el Comité Gestor están: Grupo Fundación Paloma; Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA); Junta de Vecinos Calle Frank Díaz; Movimiento Reconocido; Consejo Metropolitano de Mujeres, y Equipo de Mujeres en Desarrollo de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados.
Además, Fundación Red De Jóvenes Unidos de Guachupita (FURJUG); Jóvenes y Mujeres por el Cambio (JOMUCA); Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA), entre otras más.