Voces representativas de organizaciones comunitarias de Santiago de los Caballeros,  han advertido de los planes de los legisladores  de modificar la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, para ampliar el poder de los alcaldes y reducir el presupuesto de los cabildos, sin agotar un proceso de consulta ciudadana con todos los sectores.

Los activistas comunitarios  indicaron que si bien la Constitución de 2010, establece que la Ley Municipal debe ser reformada y transformada, para ello es necesario un consenso que permita hacer más efectivo los mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión municipal.

Argumentaron que la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal, creada mediante el decreto 85/15,  tiene el mandato de articular la política nacional para la reforma municipal y el desarrollo local sostenible haciendo una reforma integral y modernizadora de la gestión de los gobiernos locales dominicanos.

Radhamés Gómez consideró lesivo al desarrollo de la democracia y la gobernabilidad local que en el proyecto aprobado en primera lectura  en la Cámara de Diputados se pretenda otorgar mayores potestades a los  alcaldes y alcaldesas, disminuir los concejos de regidores y modificar las partidas presupuestarias consignadas en el  artículo 21 de la Ley 176-07 en lo relativo al porcentaje destinado a gastos de personal, inversión, servicios, educación, género y salud.

“Llama la atención que se pretenda limitar el acceso a la información pública al establecer  que la información solicitada se entregaría siempre y cuando sea posible a la autoridad municipal, lo que vulnera el derecho a la información estatuido constitucionalmente”

“La reducción de la partida destinada a gastos de inversión afectará significativamente el Presupuesto Participativo Municipal, de por sí disminuido por el incumplimiento de la mayoría de los ayuntamientos del país”, afirmó Gómez, vocero de los grupos comunitarios.

Señalaron que el Presupuesto Participativo Municipal es el mecanismo más eficaz, transparente, democrático e inclusivo de gestionar los recursos públicos municipales por lo que se oponen a la reducción del 40% destinado a inversión.

“Llama la atención que se pretenda limitar el acceso a la información pública al establecer  que la información solicitada se entregaría siempre y cuando sea posible a la autoridad municipal, lo que vulnera el derecho a la información estatuido constitucionalmente”, afirmaron los activistas sociales.

En ese sentido solicitaron a la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal iniciar de inmediato un proceso de consultas en los municipios, provincias y regiones del país de cara al establecimiento de consensos para una reforma integral de la Ley Municipal.

Estas inquietudes fueron presentadas por representante de la  Asociación para el Desarrollo Comunidad Unida de Cienfuegos,  Junta de Vecinos La Estancia, La Herradura; Junta de Vecinos Sagrado Corazón de Jesús, Ensanche Bermúdez;  Junta de Vecinos Brisas del Palmar, Matanzas; Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste.

También firmaron el manifiesto, activistas de la Federación de Asuntos Comunitarios Santiago, Rafey; y el  Bloque de Junta de Vecinos Zona Este. También la Junta de Vecinos Unión y Progreso, Puñal; Junta de Vecinos La Gloria, Cienfuegos; y  la  Junta de Vecinos La Ceibita, Zona Sur de Santiago.