Santo Domingo, República Dominicana.-Organizaciones de la sociedad civil encabezaron diferentes acciones para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, con un tema común, demandar del Congreso Dominicano la despenalización del aborto cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, cuando corra peligro la vida de la mujer o en casos del que feto sea inviable.
Un total de 4 organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre la que podemos mencionar La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), la Organización de Trabajadora Sexuales (OTRASEX), La Fundación Grupo Paloma y La Asociación Promoción de la Mujer del Sur (PROMUS) expresaron su preocupación por la situación de violencia y discriminación en que aún viven las mujeres en la Republica Dominicana en torno a sus derechos sexuales y reproductivos.
“Las restricciones legales del Código Penal en relación al aborto en las 3 causales, mantienen la violencia, los prejuicios y la discriminación hacia las mujeres en el país, lo que pone en riesgo su vida”. Expresaron de manera indistinta las instituciones.
“De mantenerse la negativa, los diputados y senadores obstaculizan las posibilidades de las mujeres pobres de tener acceso a servicios de salud y a una vida digna”
En las actividades realizadas en San Cristóbal, Santo Domingo, La Romana y Barahona, los colectivos de mujeres brindaron informaciones a los participantes sobre la situación por la que atraviesan las mujeres en la República Dominicana e instaron a los presentes a mantenerse en pie de lucha por la defensa de los derechos universales en especial aquellos vinculados a la preservación de su salud e integridad física.
Mujeres del campo, personas viviendo con VIH, trabajadores sexuales reafirmaron su compromiso de dar seguimiento al Congreso Dominicano para vigilar la postura de los y las legisladores en relación a la observación del Presidente Danilo Medina al proyecto del Código Penal, que plantea, despenalizar el aborto en 3 causales, propuesta que se encuentra en la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados.
“De mantenerse la negativa, los diputados y senadores obstaculizan las posibilidades de las mujeres pobres de tener acceso a servicios de salud y a una vida digna”, expresaron las organizaciones en sus planteamientos.
Como parte de los datos ofrecidos por los colectivos, sobre la situación del aborto en la República Dominicana, indicaron que dominicana esta entre los 6 países del mundo que prohíbe el aborto en todas sus formas, se mantiene en el puesto número 10 de países con mayores tasas de mortalidad materna de América Latina y el Caribe, y que la mortalidad materna en el país es de 101,8 por cada 100.000 nacidos vivos y al menos el 61,4 % de las adolescentes de la República Dominicana, que alguna vez ha estado embarazada, pertenece a los dos quintiles más pobres del país, entre otros.
Las organizaciones consideran que criminalizar el aborto en condiciones extremas da como resultado abortos inseguros, lo que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
“Los cuerpos legislativos tienen la responsabilidad de impulsar leyes justas y adecuadas que permitan garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de los más elementales derechos humanos”, concluyen.