SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática social y la modernización del Estado, el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, junto a Oxfam, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, con el financiamiento de la Unión Europea, lanzaron el proyecto “Acción Ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos”.

A través de este proyecto, las organizaciones impactarán a 300 instituciones de base, de mujeres, jóvenes y ONG que trabajan rendición de cuentas, transparencia y gestión pública, incentivándolas a promover la equidad, la ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa en República Dominicana.

El discurso de apertura del acto estuvo a cargo de la coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, quien expresó que en el país es fundamental impulsar la participación activa de la ciudadanía en el monitoreo de la gestión pública y la colaboración para garantizar la aplicación e implementación del marco legal de esta.

“Si hacemos esto, contribuiremos a la construcción del Estado Social Democrático de Derechos en el país. Aunque se han presentado avances, aún persisten prácticas y suficiente evidencia de las limitaciones en la aplicación de las leyes, por esto es necesario seguir impulsando la modernización y la profesionalización de la administración pública para garantizar que sea eficiente, transparente e inclusiva con la participación de la ciudadanía, a fin de mejorar la calidad de los servicios públicos”, indicó.

Con este proyecto, Participación Ciudadana, Oxfam, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, esperan que se promueva la veeduría de la ciudadanía sobre los procesos de profesionalización de los servidores públicos, que se mejoren los mecanismos de seguimiento ciudadano a la calidad de los servicios públicos, se fortalezca la relación Estado-sociedad en el proceso de reforma de la administración pública, y que se impulse la inclusión del enfoque de género en el proceso de reforma de la administración y las políticas públicas, con énfasis en la Violencia Contra las Mujeres (VCM).

Díaz Santana sostuvo que existen condiciones importantes para el desarrollo de este proyecto y que la ciudadanía cuenta con el compromiso de las organizaciones involucradas para lograrlo, lo que en efecto “nos acerca a nuestras aspiraciones de un bienestar humano real y sostenible”.

En la actividad estuvieron presentes la Sra. Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, quien impartió la conferencia “Administración pública, transparencia como garante de los Derechos Humanos”; el Sr. Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea; el Sr. Manuel Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública; el Sr. Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; la Sra. Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Ciudad Alternativa; el Sr. Raúl Del Rio, director de Oxfam RD; y el Sr. Juan Castillo, director ejecutivo de Fundación Solidaridad.

En su exposición, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, indicó que TI tiene 25 años luchando por la transparencia, sin embargo, aunque siguen las deficiencias, se ha mejorado la infraestructura legal para luchar, aclarando que esta es necesaria, pero no suficiente.

"Quien crea que aprobando leyes se soluciona la corrupción está equivocado. Estamos hartos, necesitamos AIRE: Acción, Implementación, Reporte y Evaluación; también necesitamos voluntad política y demanda de transparencia…La corrupción mata, y mata en serio. La corrupción no afecta ni a los que reciben los fondos, ni a los que pagan los sobornos, nos afecta a nosotros; nosotros somos las víctimas y todos juntos tenemos que trabajar para eliminar la corrupción a través de la transparencia. Solo cuando se elimina la corrupción, se garantizan los Derechos Humanos" manifestó Ferreira.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Gianluca Grippa, expresó que la participación activa de la sociedad civil ha sido fundamental para impulsar una gestión más eficiente, transparente, abierta y orientada a la mejora de la calidad de los servicios públicos, y que se debe pasar de señalar las carencias e incumplimientos, a la incidencia y colaboración con las instituciones gubernamentales para impulsar cambios de mejora de la participación y co-responsabilidad de la ciudadanía en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, dijo que “la lucha por una gestión transparente está en el germen de la participación ciudadana. Esta es una tarea larga, que tomará generaciones. Pero no podemos darnos por vencidos, tenemos que afrontarla”.