SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Dirigentes de Ciudad Alternativa y el Comité para la Defensa de Derechos Barriales (COPADEBA) denunciaron que directivos de la Oficina Para el Remordimiento de Transporte (OPRET) se retiró de una reunión pautada con los comunitarios y afectados por la caída de una columna de la extensión de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, tras percatarse de la presencia de los medios de comunicación en el lugar.

Los representantes civiles valoraron como falta de respeto y ética el desplante hecho por el organismo estatal, ya que se supone la información se iba a presentar era de dominio público. 

“Este acto evidencia que la OPRET se ha negado a tratar de forma transparente con las organizaciones comunitarias y las familias, después de la desastrosa caída de la columna del metro”, aseguraron los dirigentes de la sociedad civil.

“El auto desalojo promovido por la OPRET es una continuación de lo mismo, no garantiza el derecho de la gente a una vivienda digna, promueve el oportunismo y muchas veces las familias terminan viviendo en peores condiciones que antes”

De igual forma, condenaron que la intervención propuesta por la administración pública viola  los derechos de cientos de familias afectadas en la zona.

Resaltaron que tras un estudio presentado por el Observatorio de Derecho a la Ciudad realizado el pasado 3 de junio, se reveló que más de  217 viviendas habitan dentro del área de impacto de la construcción del puente de la segunda línea del metro.

“Entre lo que se iba a presentar al funcionario están los resultados de un levantamiento realizado por Ciudad Alternativa que evidenció que la OPRET ha violado la distancia de seguridad estipulada por protocolos internacionales al no llegar a despejar la zona de impacto directa de 25 metros a ambos lados del proyectado puente, ni hablar de la zona de impacto indirecto que estipula 25 metros más a cada lado”, destacó el presidente de Ciudad Alternativa, Román Batista.

Batista, agregó que la OPRET anunció la entrega de cheques a 51 familias lo que equivale a la compra de derechos y la promoción de auto-desalojos.

“El auto desalojo promovido por la OPRET es una continuación de lo mismo, no garantiza el derecho de la gente a una vivienda digna, promueve el oportunismo y muchas veces las familias terminan viviendo en peores condiciones que antes”, alegó Batista

Igualmente, planteó que es irracional la forma como la OPRET ha intervenido el espacio público. “No se tomaron los requerimientos que amerita tal intervención y hoy es cuesta arriba  separar las viviendas que están siendo perjudicadas por la intervención del grupo de oportunistas que construyen a la carrera buscando ser beneficiados de las escasas erogaciones aportadas por la OPRET”.

Durante el levantamiento de información,  el Observatorio entrevistó a numerosos comunitarios, quienes dijeron estar insatisfechos con el acuerdo.

Una comunitaria que vive dentro de la zona de impacto, planteó que ya casi  no habla porque el polvo de la construcción del metro le ha provocado daños graves a la garganta. A esta la OPRET le entregó el 20% del valor estimado de su vivienda como indemnización previa de posibles daños futuros, pero señaló querer devolver el dinero, pues lo que busca es una “reubicación digna.”