SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Este 30 de julio, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, Marcelo Pisani, director regional de la Organización Internacional para las Migraciones (ONU MIGRACIÓN) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, hizo una reflexión sobre el nuevo contexto COVID y cuáles son las nuevas señales y formas de operar de las redes de trata de personas.
En un artículo que escribió Pisani para conmemorar el día, explicó que las redes de trata de personas aprovechan la vulnerabilidad durante la crisis humanitaria causada por la COVID-19 de múltiples formas para su provecho. Estas vulnerabilidades, indicó, están ocasionadas principalmente por el aumento del desempleo, la falta de acceso a servicios de salud y educación, el aumento de la violencia y el aumento de las restricciones para el desplazamiento.
Pisani argumentó que según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una red de más de 500 expertos internacionales en derechos humanos, las redes de trata tienen la capacidad de adaptar sus operaciones para capitalizar el impacto socioeconómico de la pandemia. La agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que estos ajustes en su “modelo de negocios” son muchas veces posibles a través del abuso de herramientas tecnológicas.
El incremento de la captación en línea es una de las modalidades que la Iniciativa Global advirtió, de acuerdo a Pisani, al considerar que ahora las personas, y especialmente los menores pasan mucho más tiempo encerrados en sus casas y utilizando internet debido al cierre de las escuelas.
Expuso que algunos tipos de trata de personas pueden generar menores ganancias debido a la pandemia, y en estos casos los tratantes se adaptan moviendo a sus víctimas a labores con productos de mayor demanda, como el trabajo forzado en agricultura o la explotación sexual de menores en línea.
Aunque es un fenómeno aun no estudiado con profundidad, dijo que algunos comercios o empresas que anteriormente pudieran no estar realizando prácticas explotadoras con sus trabajadores, en el contexto de la pandemia pueden verse tentados a recurrir a constantes amenazas de despido, lo que coloca a los empleados en situación de vulnerabilidad, incluyendo por ejemplo la aceptación de nuevas condiciones poco favorables: jornadas más largas, pago menor, etc.
Por otro lado, desarrolló que dada la pérdida de ingresos económicos de la población, muchos tratantes llegan con ofertas “salvavidas” para aliviar su situación, lo que significa captación para trabajo informal, servidumbre, trabajo sexual o inclusive para que se unan a la misma red como criminales.
Respuesta institucional y gubernamental
En cuanto a la respuesta institucional, Pisani afirmó que las instituciones también están trabajando con fuerza en su propia adaptación a la nueva realidad para asegurar así que la fiscalización por parte de las autoridades esté acorde con las necesidades en términos de recursos humanos, preparación y acceso a recursos tecnológicos adecuados.
En ese aspecto, resaltó la importancia de asegurar que las organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo en casos de trata de personas no pierdan recursos para mantenerse operativas en la lucha contra este flagelo.
“El brote de COVID-19 ha obligado a los estados, organismos de cooperación internacional y autoridades en general a repensar la manera en que se abordan las problemáticas sociales que se han visto impactadas por las medidas sanitarias, incluidas las restricciones a la movilidad. Es necesario que se estudien a fondo los cambios en el comportamiento de las redes criminales para poder plantear medidas de prevención y asistencia a víctimas según las características específicas que toman los delitos en el contexto de la pandemia; y con esta base de conocimientos realizar también los ajustes institucionales y de las normas vigentes que esta nueva realidad demanda”, concluyó diciendo en su reflexión.