SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tres organizaciones no gubernamentales pidieron en el Congreso Nacional la anulación del fallo de la Sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), sobre la nacionalidad de los hijos de extranjeros en la República Dominicana.

Una comisión de representantes de las ONG fue recibida por la vicepresidenta del Senado y representante de la provincia Santo Domingo en la cámara alta, Cristina Lizardo, quien se  comprometió  a compartir un documento entregado, con el presidente de la República y los presidentes de las dos cámaras.

La correspondencia está dirigida a Reinaldo Pared Pérez y Abel Martínez Durán, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, donde solicitan la intervención del congreso para la retractación de la sentencia y la ponderación de fórmulas que faciliten dar solución definitiva a la situación de las personas de ascendencia haitiana.

En el documento entregado las organizaciones no gubernamentales argumentan que las constituciones dominicanas anteriores a la del año 2010, no han usado los términos ni los conceptos de “ilegal” o “en tránsito” para referirse a trabajadores regulares o no que llegaron al país bajo un acuerdo entre los dos gobiernos de la isla.

También, que el gobierno dominicano, a través de dichos acuerdos, hizo el compromiso de regresar los braceros a su país terminada la zafra azucarera, sin que dicho compromiso se le diera cumplimiento, por lo que la estadía del bracero y su enraizamiento en la República Dominicana se hizo bajo el amparo de un contrato que el gobierno dominicano no cumplió, por lo que su inacción, asume la responsabilidad de la estadía de los contratados en el territorio.

Las ONG dijeron solicitar la anulación de la sentencia como forma de refrendar una deuda histórica con los nacionales de ascendencia haitiana, partiendo de la máxima de que “cuando la razón y el derecho entran en contradicción, prima la razón antes que el derecho”.

Recomendaron dos acciones puntuales, reconocer y respetar la nacionalidad de los nacidos en el país y documentar a los adultos radicados, que por su largo tiempo, tienen derecho a la naturalización dominicana.

Formaron parte de la comisión Beneco Enecia, director del Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), el doctor. Manuel de Jesús Báez y el profesor Pedro Santana de Casa del Caribe, licenciado Darío Solano de Fundación Afrocimarron quienes junto al padre Julio Acosta, presidente de la Fundación Zile dominicana, firman la correspondencia.