SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, Chiara Liguori, denunció el maltrato recibido por 15 dominicanos de ascendencia haitiana retenidos por miembros de la Policía Nacional cuando encabezaban una vigilia frente a la Junta Central Electoral en reclamo de sus documentos de ciudadanía.
El texto fue publicado mediante el Blog “Live Wire” de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos, y está relacionado con las audiencias de República Dominicana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ojalá no tengamos que volver” se titula el documento publicado por la investigadora en livewire.amnesty.org.
A continuación el texto integro de Chiara Liguori titulado “Ojalá no tengamos que volver”
En la tarde del lunes 11 de marzo, decenas de activistas que estaban realizando una vigilia simbólica frente a la sede de la Junta Central Electoral en Santo Domingo vieron su manifestación pacífica interrumpida violentamente por la Policía Nacional.
Los agentes les confiscaron sus pertenencias y detuvieron a los 15 activistas que seguían manifestándose. Uno de ellos resultó herido cuando un policía le arrojó gas lacrimógeno mientras yacía en el suelo, resistiéndose a la detención. Los 15 activistas fueron llevados al destacamento de policía de Las Caobas y liberados una hora después sin cargos.
Los activistas protestaban contra la continua denegación de documentos de identidad a decenas de millares de dominicanos de ascendencia haitiana, un hecho que despoja a estas personas de su nacionalidad dominicana y, por consiguiente, de muchos derechos.
Me enteré de este desagradable incidente en la tarde misma del lunes en Washington. Había acudido a esta ciudad junto con un grupo de representantes de la sociedad civil dominicana. Al día siguiente íbamos a exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes del Estado Dominicano nuestras preocupaciones por los continuados abusos de la policía dominicana. Otro grupo de organizaciones dominicanas iba a participar en otra audiencia temática de la CIDH sobre el proceso de desnacionalización de dominicanos de origen haitiana.
Ambos grupos mencionamos el incidente en el curso de nuestras comparecencias. Las autoridades dominicanas nos habían proporcionando un perfecto ejemplo del tipo de problemas que íbamos a exponer ante la Comisión.
No es que los ejemplos faltasen.
El primer grupo de organizaciones expusimos múltiples ejemplos de homicidios ilegítimos, torturas, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y represión violenta de manifestaciones pacíficas. Hasta proyectamos un video que enseñaba la ejecución sumaria de un preso que se había fugado de la cárcel de San Francisco de Macorís en octubre de 2012 a manos de un agente de policía.
El segundo grupo explicó en detalle cómo las personas privadas de sus documentos de identidad no solamente no pueden acceder a muchos de sus derechos, sino que también son en muchos casos víctimas de abusos y acoso cuando se atreven a reclamarlos.
Frente a estas denuncias, los representantes del Estado dominicano que participaban en las dos audiencias se limitaron a reiterar las mismas respuestas de siempre.
Las autoridades aseguraron que todos los casos de abusos policiales son sistemáticamente investigados de manera independiente y sancionados. Olvidaron que son muchos los que se quedan desatendidos. También que, a pesar de algunas sanciones, los abusos siguen repitiéndose.
En cuanto a las denuncias de los dominicanos y de las dominicanas de origen haitiana, los representantes del gobierno insistieron con tratar el asunto como una cuestión de migración. De esta manera, fingen ignorar que las personas afectadas son dominicanos que han sido despojados de sus documentos y de sus derechos de un día para el otro.
Las respuestas del Estado no fueron muy alentadoras pero por los menos las observaciones y las recomendaciones que los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron a los representantes del Estado fueron muy apropiadas y pertinentes.
La CIDH señaló que es necesario establecer mecanismos institucionales para responder a las denuncias de desnacionalización y expresó preocupación por el hostigamiento de las personas afectadas, ya que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y manifestación.
También le pidió al Estado que esclarezca qué medidas se están tomando para erradicar el problema de las ejecuciones extrajudiciales, reclamó la participación de la sociedad civil en el proceso de reforma de la Policía y expresó su preocupación por la falta de designación del Defensor del Pueblo.
Los defensores y las defensoras de derechos humanos dominicanos se fueron de Washington con un único deseo: no volver. No volver a solicitar audiencias a la Comisión Interamericana. Esto significaría que incidentes como el del 11 de marzo ya no ocurren. Que la policía dominicana protege de manera eficaz a los ciudadanos y no viola sus derechos. Y que los dominicanos y las dominicanas de origen haitiano son reconocidos cómo lo que son: dominicanos.