SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ahora, con la calma que da el tiempo, se vuelve la vista a los detalles de la muerte de Rosaura Almonte (1996-2012), sin el foco de las cámaras, sin banderas feministas ni las voces religiosas de aquellos días. Ocho años después de aquella pérdida, el ginecólogo José De Lancer Despradel cuenta los errores médicos que se cometieron en torno a la adolescente de 16 años, ahora emblema de la lucha por la despenalización del aborto en condiciones excepcionales, en República Dominicana.
Justo hoy martes, la explanada del Congreso Nacional será escenario de una nueva protesta, de las tantas más a favor del aborto en condiciones excepcionales, como ocurrió con Esperancita en julio del 2012. La campana en contra del aborto, que está en oración, podría también aparecer hoy en el mismo lugar, como lo ha venido haciendo desde 23 de septiembre, como parte de su campaña “40 Días por la Vida”.
“No te puedo decir si 'Esperancita' hubiera sobrevivido a la leucemia. Lo que yo sí sé es que no le dimos la oportunidad…”, arranca el médico al recordar el caso emblema. “Creo que fallamos como Estado, como país”. La reflexión que hace De Lancer es de relativa importancia, pues para cuando explotó el caso en julio del 2012, era la cabeza de la Dirección General Materno Infantil y Adolescente del Ministerio de Salud Pública, básicamente quien representó la visión del mismo Estado en esta travesía.
“Esperancita”, como le bautizaron en los medios de comunicación por tratarse de una menor, fue ingresada en el Hospital Docente Semma Santo Domingo en 2 de julio del 2012 por fiebres muy altas. Ese mismo día, supo que su vientre guardaba una criatura de poco más de un mes. Pero no supo de inmediato que la razón de las fiebres y los moretones que comenzaban a brotar de su cuerpo se debían a una posible leucemia aguda que la analítica había detectado ese mismo día, según describe la querella por homicidio involuntario que fue depositada en 2013 por su madre, Rosa Hernández, en contra de ocho médicos del Semma en la Fiscalía del Distrito Nacional, querella que reposa sin decisión. Los nombres del equipo médico imputado no se mencionan por petición de los abogados defensores de la madre.
El mismo documento, retrata la travesía de aquella niña con su madre, que comenzó con aquel comentario de la parte médica, cuando sugirió que los moretones en el cuerpo de Rosaura “eran seguramente resultado de golpes por parte de la pareja”.
Apenas dos días después de su ingreso (4 de julio) y de varias pruebas, incluyendo una sonografía que reveló un embarazo de 7.2 semanas, la hematóloga tratante Marisa Santana “recomendó realizar un aborto terapéutico a la paciente”, dice la querella. Pero la decisión fue rechazada al día siguiente en un Comité de Bioética del hospital que concluyó cuatro decisiones: no proceder al aborto terapéutico por estar prohibido en la Constitución en su artículo 37, mejorar la condición hematológica de la paciente, esperar el diagnóstico definitivo de leucemia y esperar también el desenlace natural del embarazo, que en ese momento ya estaba en riesgo.
La doctora Leonarda Tolentino, quien era encargada de Hospitalización del Semma, explica ahora que “en estas reuniones se define que el aborto no debe realizarse por estar prohibido, pero la ley no prohíbe que se le aplique el tratamiento para su enfermedad. La Sociedad de Hematología, que nos apoyó en ese momento, apoyó también la decisión ya que el aborto probablemente sería espontáneo tan pronto se le iniciara la quimioterapia”.
Rosa Hernández dice hoy que esas decisiones fueron sentencia de muerte para su hija: “Ellos se enfocaron todo el tiempo en el embarazo de un mes, y mi hija nada, y los medicamentos: suero y acetaminofén”.
El funcionario José De Lancer Despradel aparece en la escena médica el día 17 de julio, 15 días después de la hospitalización. Según De Lancer, en el momento que conoció a la adolescente y su madre se plantó para que la parte médica procediera a terminar con el embarazo e iniciar la quimioterapia y cuenta que hizo una consulta con el entonces ministro de Salud Pública (Bautista Rojas Gómez), en el mismo hospital, al lado de la paciente. “Bauta me dijo ‘Oye, eso es sencillo. Coge una ambulancia, saca esa niña de ahí y tráela a un hospital de Salud Pública, que hay hematólogos y ginecólogos. Hacemos lo que haya que hacer’”, es decir, ejecutar el aborto.
¿Por qué no ocurrió? De Lancer se encontró, lo dice con lamento, con una paciente y una madre llena de confusiones, sin informaciones. Todavía en ese momento, el diagnóstico definitivo de la leucemia linfoblástica aguda no había llegado desde el laboratorio estadounidense y también ese mismo día, los médicos tratantes entonces accedieron a ser más violentos con la leucemia. “En ese hospital, dice De Lancer, lo que le explicaron los hematólogos (a madre e hija) es que, efectivamente había una leucemia, pero que había un embarazo y que ellos (los médicos) ¡Vaya! ¡Que lo que manda el protocolo es a dar quimioterapia frente a una leucemia de este tipo! Pero que ellos, los médicos, no se atrevían o estaban imposibilitados, tenían temor porque no había la posibilidad legal…”.
Luego de la intervención de De Lancer, el 18 de julio y siempre de acuerdo al documento de querella, los médicos del Semma varían medianamente la posición y deciden medicar a Rosaura con Hydrea, un pretratamiento quimioterapéutico oral, que en la leucemia se usa para estabilizar los leucocitos. Al día siguiente, los médicos volvieron para atrás y decidieron no iniciar la quimioterapia, para darle oportunidad al embarazo.
En ese momento, la evolución de “Esperancita” ya era noticia nacional, en la que grupos religiosos y feministas llevaban las soluciones al dilema médico. De Lancer recuerda que un pastor de la iglesia dijo: ‘a los médicos que hagan lo que tienen que hacer’. “Yo personalmente interpreté como buscarle un bajadero, como dejar una puerta abierta, pero los médicos, el hospital, la Sociedad de Hematología no interpretó eso que estaba diciendo la iglesia, que te reitero, desde mi punto de vista era buscarle un bajadero”, cuenta el ginecólogo.
En medio de la presión mediática, de grupos religiosos y feministas, las declaraciones que hizo en ese momento la directora del hospital Semma, Ysabel Menual, a Noticias SIN, corroboran cómo la criatura prácticamente marcó el ritmo del tratamiento para el cáncer de sangre: “La primera fase es más suave en cuanto a tratamiento, esperando que cuando se le den los medicamentos posteriores, los más fuertes, realmente para atacar la enfermedad, pues ya haya avanzado un poco el tiempo del embarazo”, explicaba Menual en aquel entonces, a mediados de julio del 2012.
“La disyuntiva de nosotros es darle tratamiento a la mamá. Le estamos dando el tratamiento que entendemos, o que entienden los hematólogos que es menos agresivo”, agregaba la directora del Semma.
Leonarda Tolentino fue la encargada de hospitalización de la paciente y quien cuenta hoy la otra travesía, la del equipo médico que poco se conoce. “Nuestro hospital, en el momento del caso de “Esperancita” no tenía todo lo necesario para el manejo de su enfermedad, como un banco de sangre que nos asegurara sangre, plasma, plaquetas necesarias para el manejo”, adelanta la doctora.
“Solicitamos que la adolescente fuera trasladada a un centro con banco de sangre. El Hospital Oncológico (Instituto Dr. Heriberto Pieter) la rechazó por estar embarazada, ya que por su edad debían ponerla en sala de pediatría y por estar embarazada no la podían poner en pediatría. La Plaza de la Salud la rechazó también”, cuenta Tolentino.
Para esta doctora, la paciente “no sobrevivió, pero no porque no se hiciera todo lo posible para que sobreviviera” y justifica que tan pronto llegó el diagnóstico definitivo desde Estados Unidos, se inició la quimio. “No se aplica quimioterapia antes, porque este estudio es el que dice la leucemia que tiene la paciente, y a partir de ahí es que se planifica el esquema de quimioterapia”.
La querella dice que el 26 de julio del 2012 fue cuando finalmente comenzaron a darle la quimioterapia intravenosa, habían pasado 24 días desde su hospitalización. Los datos que recogen la querella apuntan a que los médicos tenían el diagnóstico suficiente para haber iniciado mucho antes este tratamiento, y que darle tiempo al crecimiento de la criatura, terminó por comprometer más la causa de la paciente por vivir.
Esperancita, permaneció ingresada 46 días que coincidieron con sus vacaciones de verano. Esos días de hospitalización, Rosa Hernández todavía los invoca como parte de una trama. “Yo oigo a los legisladores, dizque ‘preservar la vida’. Yo quiero que me digan ¿La vida de mi hija con 16 años dónde está?” Rosa se refiere a los congresistas que debaten todavía la despenalización del aborto en condiciones excepcionales, como cuando la mujer está en peligro de muerte.
“No hay un día que no piense en ella, que la vea en todo lo que tengo. Tengo muchas cosas de ella guardada, que no he querido salir”, narra la madre con lágrimas que muestran dolores eternos y sin cura. Para Rosa, una fiel creyente y devota de Dios, su hija estuviera todavía acompañándola en la vida, ahora vacía, si no fuera porque los médicos retrasaron el tratamiento contra la leucemia que su hija padecía.
La noche del 16 de agosto del 2012, Esperancita comenzó a sangrar abundantemente y a las 11:00 de la noche fue llevada Unidad de Cuidados Intensivos del Semma. Le transfundieron cuatro unidades de plaquetas, cuatro unidades de sangre y cinco de plasma. Esa misma noche se produjo el aborto espontáneo con un sangrado de 200 mililitros que no paró y la mañana del 17 de agosto Esperancita falleció. “Si se hubiera podido realizar un aborto terapéutico temprano y llevarla a un estado fisiológico de no embarazo, eso hubiera sido favorecedor para que tolerara mejor la quimioterapia…”, concluye De Lancer.
Travesía en busca de justicia
Rosa Hernández no ha descansado desde la muerte de su hija, entre querellas en contra del personal médico (2013), demandas al Ministerio de Salud (2013), casaciones ante la Suprema Corte de Justicia (2015) y Recursos contra la Fiscalía del Distrito Nacional (2017).
En ningún caso la justicia dominicana ha fallado a favor de Rosa Hernández. Y todos estos procesos sirvieron de base para que la Colectiva Mujer y Salud Women’s Link Worldwide, la organización sin fines de lucro que representa a Rosa, ganara su primera victoria apenas el pasado mes de junio, ya en la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH).
“Luego de analizar la información disponible en la petición, la Comisión observa que el objeto fundamental de la petición se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado (dominicano) por la muerte de Rosaura Almonte Hernández, entre otras razones, por la denegación de acceso a un aborto terapéutico que requería, y por la falta de provisión de un tratamiento oportuno y adecuado para la leucemia que le fue tardíamente diagnosticada”, explica la CIDH en su informe de admisibilidad.
La CIDH indica que de corroborarse como ciertos los hechos denunciados, los mismos podrían considerarse violaciones a los derechos protegidos como a la vida, integridad personal, protección de la honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión, igualdad, protección judicial y otros deberes del Estado frente a las mujeres.
Las parte defensora de Women’s Link Worldwide, encabezada por Selene Soto Rodríguez, explica que este proceso de admisión del caso en el organismo internacional tomó tres años, desde el 2017. Antes de ser admitido, el Estado debió responder sobre la causa y lo que hizo, cuenta la abogada, fue “básicamente reiterar que había realizado una serie de diligencias del proceso penal”, a la que nunca la parte acusadora ha tenido acceso o conocimiento, dice Soto. Acento solicitó información sobre la evolución de los procesos a la Procuraduría y no tuvo respuesta.
El sometimiento busca que la CIDH declare responsabilidad internacional del Estado dominicano y con ello le ordene ajustar el marco normativo en materia de derechos sexuales y reproductivos, “incluyendo la despenalización del aborto, por lo menos en los casos como los de Esperancita”, señala la abogada. Al ser República Dominicana parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Soto explica que el Estado sí estaría obligado a cumplir. “De no hacerlo, eso sería una de las razones por las cuales la Comisión podría remitir el caso a la Corte Interamericana, donde se enfrentaría a una condena internacional, igualmente”, agrega Soto.
Si la CIDH declara al Estado responsable de haber violentado los derechos de Rosaura y su madre, las medidas de reparación integral podrían ser de componente económico o simbólico, como por ejemplo un pedido de perdón público, apunta la abogada. Para Rosa Hernández, nada será suficiente: “Con esto, ni voy a ser rica, ni pobre, ni nada. Muerta estoy hace tiempo ya”.