SANTO DOMINGO, República Dominicana-. La travesía de obras levantadas a paso de sobornos termina su historia en República Dominicana. Este lunes, el Gobierno dominicano anunció la ruptura con la multinacional Odebrecht, luego de 18 años de operación en el país, y casi cuatro años después de que explotara el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica.
Desde las oficinas de Odebrecht en el país confirmaron a Acento que “ahora mismo no hay obras activas” y que la última entregada fue Punta Catalina, que en abril del 2020 terminó la unidad dos de generación de electricidad, completando así la generación de 720MW. La primera unidad fue finalizada en octubre del 2019.
La decisión la toma este Gobierno dos meses después de que formalmente se inaugurara la Central Termoeléctrica Punta Catalina, obra que construyó consorciada en Odebrecht Tecnimont Estrella y que todavía la compañía proveedora tiene pendiente la solución de diversas fallas que corren como garantía de esta obra, valorada en más de 2,000 millones de dólares.
La ruptura del Gobierno con Odebrecht era una demanda social que tuvo su efervescencia especialmente en el 2017, con el surgimiento de la marcha verde que vio en el caso Odebrecht caldo de cultivo para salir a las calles a pedir el cese de la impunidad y la corrupción en el país. De hecho, la planta de carbón fue escenario de protestas que exigían anular el contrato con la firma brasileña.
Para el abogado Francisco (Pancho) Álvarez, el consultor jurídico Antoliano Peralta se mueve en la dirección correcta al limitarse por el momento a informar que se revisarán los contratos con la intención de sustentar su terminación, "pues toda terminación unilateral pueda dar lugar a un conflicto que se dirimiría en arbitraje y antes de dar ese paso tienen que estudiarse los contratos y las pruebas para determinar con certeza que el caso se podría ganar en arbitraje".
Aun así, Pancho Álvarez indica que el Estado dominicano tiene suficientes elementos que sustentarían la terminación unilateral de esos contratos, comenzando por la confesión de la propia Odebrecht de que sobornó a funcionarios públicos para obtener tales contratos.
“En consecuencia, no se podría argumentar violación a la seguridad jurídica pues se trata de faltas graves que comprometen la suerte de los contratos hasta el punto que el artículo 11 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones establece como causal de terminación la ocurrencia de prácticas corruptas”, explica.
Sobre las garantías a Punta Catalina, indica que las que solo se puedan reclamar a Odebrecht podrían de todas formas reclamarse a través de las acciones judiciales pertinentes, y podrían incluir a las dos otras compañías del consorcio (Tecnimont y Estrella) dependiendo de lo que se haya establecido en los contratos. "El reclamo solo a Odebrecht presenta la dificultad de que esta compañía se declaró en quiebra en Brasil en junio de 2019 y en agosto del mismo año en Estados Unidos, lo que podría afectar las posibilidades de hacer efectivas tales garantías", apunta.
En República Dominicana, Odebrecht edificó más de 15 obras, desde el año 2002 hasta el 2014, que incluyó las gestiones gubernamentales encabezadas por Hipólito Mejía (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2008/2008-2012) y Danilo Medina (2012-2016/2016-2020).
Algunas de las obras edificadas, que se incluyen en el expediente judicial contra los imputados Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón Rijo, Porfirio Andrés Bautista García, Juan Alberto Rodríguez Hernández, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Tommy Alberto Galán Grullón son el Acueducto Línea Noroeste, Ampliación Acueducto de la Línea Noroeste, Hidroeléctrica de Pinalito, Hidroeléctrica de Palomino, acueductos de Samaná y Hermanas Mirabal, Autopista del Coral, Carretera El Río-Jarabacoa y Carretera de Casabito.