Madrid, 9 ago (EFE).- Las críticas de obispos españoles a una norma que obliga a educar en la diversidad sexual en los colegios de Madrid han generado una polémica con los activistas homosexuales y transexuales y una iniciativa de éstos para que la fiscalía se pronuncie sobre una eventual delito de incitación al odio.
A mediados de julio pasado el Parlamento de la región de Madrid (6,4 millones de habitantes) aprobó por unanimidad una ley que obliga a los colegios con financiación pública a incluir contenidos educativos contra la discriminación por diversidad sexual y de género.
La intención es promover la inclusión social de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) e incluso sancionar a quienes discriminan a este colectivo.
Los obispos de las diócesis madrileñas de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, y Getafe, Joaquín María López, hicieron ayer un llamamiento a los católicos a actuar contra esa ley, considerada por ambos prelados un "atentado" contra la libertad religiosa y de conciencia.
A juicio de los obispos, la ley representa "un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones"
El llamado Observatorio Español contra la LGBTfobia, entidad que ayuda a las víctimas de delitos de odio por su orientación sexual, ha enviado la nota de los obispos a la Fiscalía para que la analice por si encuentra algún indicio de que incita a la discriminación y vulnera la legislación española.
El presidente del Observatorio, Francisco Ramírez, aseguró que la nota de los prelados "destila odio y humillación" contra homosexuales, bisexuales y transexuales y rechazó que la ley madrileña vulnere la libertad educativa.
Además, negó que la normativa destinadas a las escuelas suponga la implantación de un "pensamiento único", cuando, según Ramírez, es lo que hacen los obispos "con su visión fundamentalista de la moral católica".
Por su parte, la presidenta de la Comunidad (región) de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy que la opinión de esos dos obispos "no es la posición de toda la Iglesia católica".
Cifuentes, que pertenece al PP (centroderecha), defendió el derecho de los prelados a expresar su opinión, tanto como el de las instituciones a impulsar una ley que pretende acabar con las discriminaciones.
"Esas afirmaciones no me gustan, discrepo absolutamente de ellas", señaló Cifuentes, quien recalcó que se aplicará esa ley, que tiene "un amplio respaldo social" y fue aprobada por todos los partidos representados en el Parlamento regional, que van desde el centroderecha a la izquierda. EFE