SANTIAGO DE CHILE.- La Conferencia Episcopal de Chile (CECh) criticó este jueves la indiferencia de las autoridades chilenas a la hora de dar respuestas a las demandas sociales generadas por la ciudadanía desde el inicio de las protestas contra la desigualdad y el modelo socioeconómico del país.
Chile vive desde hace más de cuatro meses la ola de protestas más grave desde el fin de la dictadura, que comenzó como un llamado de los estudiantes a protestar contra el precio del pasaje de metro y se convirtió en una revuelta social por un modelo económico más justo y que deja más de 30 fallecidos y miles de heridos y detenidos.
"Percibimos que los principales clamores sociales que se expresaron desde el 18 de octubre han sido desplazados en las prioridades de quienes toman las decisiones en Chile", advirtieron desde el Comité Permanente de la CECh.
Las protestas, que ya se alargan por casi cinco meses, sacaron a la luz un sentimiento social de hartazgo con la situación desigualdad y enfocaron sus alegatos contra el Gobierno del conservador Sebastián Piñera.
En ese sentido, el clero chileno consideró que el reclamo social no fue "atendido con la celeridad y efectividad que se esperaba" en materia de salarios, empleo, pensiones o salud, reivindicaciones que los manifestantes dejaron patentes en las calles desde el comienzo de la revuelta ciudadana.
"Compartimos el razonable malestar de la gente respecto del rol que las autoridades, los legisladores y los dirigentes políticos y sociales están asumiendo frente a estos dramas", agregaron desde la CECh.
Además agregaron que "no se entiende" que las "promesas" de cambios en estas materias no avancen con la rapidez "anhelada", ya sea en la presentación de las propuestas o la tramitación de las mismas.
"Decepciona el nivel del debate político en el que, con permanentes descalificaciones, los intereses particulares y sectoriales frenan acuerdos y logros que ayudarían al bien común", señalaron.
La situación política en el país ha derivado hacia una campaña política para votar a favor o en contra de la redacción de una nueva Constitución el próximo 26 de abril en un plebiscito ciudadano.
El pasado 15 de noviembre oposición y oficialismo acordaron de forma casi unánime realizar esta consulta para decidir si enterrar la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y señalada por muchos como el origen del problema de la desigualdad en Chile. Así, el panorama político está totalmente divido entre partidarios y detractores de la creación de una nueva Constitución.
Las primeras piezas de campaña a favor de aprobar que se redacte una nueva Constitución ya han comenzado a circular y van desde una popular venta de frutas y verduras donde el verbo probar se cambia por el aprobar, mientras que en otro promovido por el pinochetismo se admite la necesidad de cambios, pero se cree que estos pueden hacerse sin abandonar la Constitución aprobada fraudulentamente durante la dictadura de 17 años (1973-1990).
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