Santo Domingo, República Dominicana (EFE y otros servicios de Acento.com.do).- La esperanza de la población dominicana de conocer quiénes fueron señalados por ejecutivos de Odebrecht como los funcionarios que recibieron dinero a cambio de facilitar contratos multimillonarios a la constructora brasileña tendrá que seguir esperando, porque la Procuraduría General de la República Dominicana ha advertido que sólo se revelarán datos "en la medida en que la investigación de este caso y el cumplimiento del indispensable proceso legal lo permitan".
En una declaración dada este miércoles, la PGR dijo que sólo entonces "todas esas informaciones y documentaciones, sin excepción, serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales".
Esta explicación de la cabeza del Ministerio Público de República Dominicana desdice la anterior promesa de que el 19 de mayo se darían a conocer los contenidos de los documentos que enviarían las autoridades de Brasil sobre el caso de corrupción de la empresa Odebrecht.
La Procuraduría General de Justicia dominicana confirmó que recibió hoy las informaciones y documentaciones que, sobre el caso de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en el país, fueron enviadas por las autoridades de Brasil.
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La institución explicó, en un comunicado, que un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del Ministerio Público, ya inició la traducción legal de estos "cientos de archivos" recibidos, para cotejarlos y verificarlos con los miles de datos recabados durante la investigación local y con otros detalles específicos suministrados por la empresa brasileña.
El organismo dijo que esto confirma la información que ofreció el 19 de abril pasado, de que a más tardar en 30 días tendría en sus manos la lista de quiénes, en República Dominicana, "Odebrecht dice que recibieron pagos ilegales, así como también, testimonios, correos electrónicos, libros, registros y documentos afines".
La Procuraduría manifestó también que en la medida en que la investigación de este caso y el cumplimiento del indispensable proceso legal lo permitan, "todas esas informaciones y documentaciones, sin excepción, serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales".
Añadió que "muy pronto el pueblo podrá comprobar que todo al que las pruebas señalen que fue beneficiado con los sobornos que Odebrecht admitió que pagó en el país, será sometido a la Justicia y encarcelado, sin importar quién sea, ni el cargo o la filiación política".
El pasado mes de abril, un juez dominicano validó un acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas, y revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no serán enjuiciados en ese país caribeño.
Este martes se produjeron incidentes en la propia sede de la Procuraduría General de la República entre grupos populares que pretendían instalar un campamento frente al organismo para exigir que las autoridades locales den a conocer los nombres de los involucrados en los sobornos.
Momentos después un grupo de diputados opositores se presentó a la Procuraduría para indagar lo sucedido, pero fue impedida de entrar en medio de forcejeos, empujones y gases lacrimógenos lanzados por la Policía. La Cámara de Diputados dispuso una investigación sobre lo sucedido.
La Procuraduría dominicana ha interrogado a decenas de funcionarios, exresponsables públicos, legisladores y exlegisladores oficialistas y de la oposición, como parte de las investigaciones que dirige para determinar quiénes recibieron el pago de los sobornos.
El gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, reveló el pasado 10 de enero que su representante comercial en la República Dominicana, Ángel Rondón, fue quien recibió y distribuyó los 92 millones de dólares, según explicó el procurador general tras un interrogatorio al ejecutivo.
Rondón reconoció haber recibido una cantidad similar a 92 millones de dólares de manos de Odebrecht, pero afirmó que esa cifra corresponde a contratos de servicios de representación y no para efectuar sobornos. EFE
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