SANTO DOMINGO ESTE.- La empresa Legus  Enterprises, Ltd., propietaria  de los Astilleros Navales de Santo Domingo Este,  en la margen oriental del Río Ozama, presentó una denuncia ante la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, en contra del empresario José Ignacio Acero Ruiz y otros dos hombres, a los cuales acusa de asalto  a mano armada contra sus instalaciones.

Según los denunciantes, el asalto ocurrió en la madrugada del pasado 5 de agosto, donde por lo menos tres personas resultaron heridas.

Afirmó que los señores Acero Ruíz, Nelson Peguero y Antonio Jiménez Olivo, habrían sido corresponsables de la violenta incursión contra los Astilleros Navales protagonizada por unos 50 hombres provistos de armas de fuego y artefactos explosivos de fabricación casera, acción que fue repelida por el personal de seguridad de la empresa. Afirma que los autores del asalto actuaron de manera sigilosa, al margen de la autoridad legal y sin la presencia de la fuerza pública.

Además de disparar contra los astilleros, los  agresores también intentaron incendiar una de las embarcaciones ancladas en el lugar, indica una  declaración de prensa suscrita por el licenciado  Miguel Ángel Pichardo,  administrador de Legus Enterprises.

Según Pichardo, la acción vandálica puso en riesgo no solo las cuantiosas inversiones  de los astilleros, que sobrepasan los cien millones de pesos, sino también  las embarcaciones navales que reciben servicio y la seguridad de cientos de familias que residen en el entorno, en los barrios conocidos como  la Javilla y la Cotorra.

Por su parte, el licenciado  Nelson Pimentel abogado de Legus Enterprises, Ltd., demandó la rápida y urgente intervención de las autoridades, solicitando al Jefe de la Policía Nacional Mayor General Manuel E. Castro Castillo, al Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito y al Ministro de Defensa Almirante Sigfrido A. Pared Pérez, una  exhaustiva investigación para establecer las responsabilidades condignas y sancionar a los autores directos e indirectos de este atentado contra la seguridad pública y la seguridad jurídica.

Al rebatir una versión de prensa ofrecida por el señor Ignacio Acero Ruíz  para tratar de justificar la incursión violenta, al margen de la fuerza pública y sin ninguna representación legal, el licenciado Pimentel explicó que  contrario a las declaraciones de Astilleros Benítez de que han sido favorecidos con dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia, la realidad es que LegusEnterprises, Ltd. no formó parte de esos procesos y sus derechos no podían ser afectados por esas decisiones.

Indicó que en virtud de esa circunstancia, la empresa reclamó su derecho de propiedad ante la Jurisdicción Inmobiliaria que hubo de favorecerla con la sentencia No. 2013-4743 del 14 de octubre del 2013 amparándose en la protección al tercer adquiriente de buena fe y a título oneroso.

Dijo que la sentencia del Tribunal Superior de Tierras fue recurrida en apelación por parte de Astilleros Benítez, razón por la que la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo y la Oficina del Abogado del Estado de la Jurisdicción Inmobiliaria han sobreseído el expediente hasta tanto se decida el proceso que se conocerá a principios del mes de septiembre.

De acuerdo al jurista,  los actos delictivos han sido perpetrados no solo en contra de LegusEnterprises, sino también en perjuicio de la compañía EVT Investments, S.R.L. propietaria del Dique del Ozama que se encuentra dentro de los Astilleros Navales de Santo Domingo Este, la cual posee un Certificado de Título definitivo que no ha sido objeto de oposición  alguna.