SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “El mandato de nuestros legisladores y legisladoras no proviene de autoridades religiosas sino de la ciudadanía que les eligió. Confiamos en que, fieles al espíritu democrático, no dejarán pasar por alto esta oportunidad de demostrar al electorado que no se equivocó al depositar su voto y su confianza en ellos y ellas”.

Así se manifestó la Colectiva Mujer y Salud al hacer un llamado a los legisladores dominicanos para que en la reforma al Código Penal se contemple la eliminación al artículo que prohíbe el aborto sin excepciones.

La Colectiva aboga porque sea despenalizado el aborto en los casos en que la concepción haya sido producto de una violación sexual y en los casos donde se ponga en juego la vida de la madre.

“Nos referimos a la prohibición del aborto sin excepciones, que impone la maternidad forzada a mujeres y niñas víctimas de violación o cuyos embarazos ponen en peligro su salud. En este aspecto nuestro país presenta décadas de atraso en relación al resto de la comunidad internacional, siendo uno de apenas 6 países que mantienen la prohibición absoluta”.

Destacaron que desde hace ya algunos años las encuestas de opinión vienen confirmando que la mayoría del electorado dominicano está a favor de la despenalización parcial o por causales. La más reciente confirmación la ofrece la encuesta Barómetro de las Américas 2012, cuyos resultados indican que:

El 61.2% de la población dominicana está favor de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando peligra la salud de la mujer.

Esta opinión es compartida en términos muy similares por hombres (60.4%) y por mujeres (62.1%).

El porcentaje a favor se incrementa de acuerdo al nivel educativo, oscilando entre el 49% de las personas sin ningún nivel y el 73% de las personas con educación superior.

El dato más revelador de la encuesta  es el referido a la relación entre actitud hacia la despenalización y grado de religiosidad, observándose claras mayorías a favor de la despenalización en todos los grupos, incluyendo aquellos para quienes “la religión es muy importante”, donde el 57.4% se declara a favor.

“Entendemos que los legisladores  y legisladoras no pueden seguir ignorando la opinión de sus electores, evidenciada no solo en las encuestas sino también en las elecciones del 2010. Recordemos que en esa ocasión la mayoría de las y los legisladores que habían votado en contra del Art. 30 (actual 37) de la Constitución fueron reelectos a pesar del descrédito y de las amenazas lanzadas desde los púlpitos”.

Afirmaron además que “En pleno siglo XXI no podemos seguir viviendo en una teocracia legislativa que impone a toda la ciudadanía la obligación de cumplir preceptos religiosos que no solo chocan con las más elementales normas democráticas, sino que además son rechazadas por la mayoría del electorado y hasta de los mismos creyentes”.