SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidida por la magistrada Priscila Martínez, fue la que rechazó una demanda en referimiento realizada por los propietarios del restaurante Neptuno´s, de Boca Chica, contra la empresa acreedora Inversiones Cocolor, lo que le permitió a ésta embargar el reconocido restaurante en reclamo del pago de nueve meses de alquiler a la empresa Gastro Mare, que administra el restaurante Neptuno´s y que regentea Ziva Restaurant, en la avenida Gustavo Mejía Ricart en el Distrito Nacional.
La empresa Gastro Mare, representada por Avis Altagracia Soto Mercedes y Crucita Mercedes Yrujo, entró en conflicto con la empresa Inversiones Cocolor por el no pago del alquiler del local que ocupa Ziva Restaurante en la ciudad capital.
Luego de la decisión de la magistrada Priscila Martínez, el Procurador Fiscal del Departamento de Asuntos Civiles y Ejecuciones de la Provincia de Santo Domingo, Pedro Leandro Castro, mediante resolución autorizó “el auxilio de la fuerza pública al ministerial actuando para que proceda a ejecutar el embargo en contra de: Avis Altagracia Soto, Casa Club Neptuno´s y Crucita Mercedes Yrujo”.
La autorización para el uso de la fuerza pública se ofreció para el día 9 de mayo del 2017 o cualquier otra fecha posterior, en caso de que no pudiera ejecutarse la autorización el día indicado. El embargo se hizo al restaurant Neptuno el pasado miércoles 10 de mayo.
La administración de Neptuno acusó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a la fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, de estar detrás del embargo realizado a ese establecimiento, “el cual se llevó a cabo de manera ilegal y arbitraria”, según una declaración divulgada por los representantes de la empresa Gastro Mare.
La sentencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dice que si bien es cierto que en el presente caso ha sido demandada de manera principal la nulidad de un acto auténtico, que es el contrato de alquiler del local que utiliza el restaurante Ziva en la avenida Gustavo Mejía Ricart, de la capital, así como la existencia de una querella del 13 de febrero del 2017, queda claro que el acto auténtico está siendo objeto de investigación para determinar si es cierta o no la alegada falsedad del contrato.
No obstante, señala que “dicha situación por sí sola no evidencia la urgencia que caracteriza el referimiento ordinario, conforme el artículo 109 de la Ley No. 834, del 15 de julio de 1978, y que amerita la suspensión solicitada; puesto que fue realizado en virtud a un pagaré notarial, título con formula ejecutoria en base al cual se puede realizar este tipo de diligencia procesal, hasta inscripción en falsedad, la cual a la luz del expediente no habido decidida por ninguna de las jurisdicciones apoderadas de la misma, por lo que el acto atacado aún cuenta con la validez suficiente para realizar las persecuciones conforme al mismo”.
Reinaldo de los Santos, el abogado representante de la razón social Inversiones Cocolor rechazó las imputaciones realizadas por los abogados de Gastro Mare contra el Procurador General de la República, Jean Alaín Rodríguez, y contra la Procuradora Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías.