SANTO DOMINGO, República Dominicana.- De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, se sigue muy lejos de la meta de disminuir la mortalidad materna a menos de 60 por cada 100 mil nacimientos que el Estado dominicano se ha fijado para el año 2030.
La información publicada en la web del Ministerio de Salud detalla que en la semana 47, la última registrada, se notificaron cuatro muertes de mujeres de entre 17 y 34 años de edad, dos de ellas en Santo Domingo, una en la provincia Hato Mayor y otra en el municipio de San Gregorio de Nigua.
La persistencia de la mortalidad materna y neonatal en cifras vergonzosas llevó en noviembre pasado al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a seleccionar profesionales capacitados para que supervisen en los hospitales el cumplimiento de los procedimientos.
Si los números de la mortalidad materna son altos, los de la mortalidad neonatal son peores: 2,830 recién nacidos fallecieron entre enero y octubre, 346 más que en el mismo periodo de 2017.
Muertes perfectamente evitables
En un país que se ufana de alcanzar niveles de crecimiento económico envidiables, muy por encima del resto de América Latina, en donde la mortalidad materno-infantil es mucho menor, se tiene conciencia que ambas son perfectamente evitables.
Coinciden en ello organismos nacionales e internacionales, oficiales y no gubernamentales, que achacan el problema a deficiencias médicas y mala praxis y a la penalización del aborto, entre otros motivos.
El 98% de los partos son atendidos en hospitales y clínicas habilitadas oficialmente, en tanto que los abortos son clandestinos y por lo mismo se producen en condiciones inseguras altamente riesgosas.
Ha crecido el movimiento que reclama que se despenalice el aborto en los casos de incesto o violación, cuando la vida de la mujer esté en riesgo o el desarrollo del feto resulta inviable fuera del útero, pero aún no cosecha triunfos.
El Ministerio de Salud indica que los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en el país, pero se calcula que los aproximadamente 35 mil abortos anuales admitidos en realidad suman mucho más, precisamente por ser una práctica que se realiza de forma clandestina y así carente de cualquier condición medianamente sanitaria.