SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La lucha por la redistribución de los recursos en el anteproyecto que busca modificar la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico y otras infracciones graves está en un punto en el que el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Consejo Nacional de Drogas aún no lleguen a un acuerdo.

La mañana de este lunes se firmaría un acuerdo entre el Consejo Nacional de Drogas (CND), la DNCD y la Procuraduría General de la República (PGR) para que el anteproyecto sea llevado al Congreso con las reasignaciones, encuentro que inició una hora treinta minutos más tarde, sin que se pudiera dar la firma del convenio por falta del presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo.

“Bueno, nosotros realmente no hemos llegado a un consenso a lo que se refiere al Consejo Nacional de Drogas en sí,  ustedes conocen la problemática que tenemos de los drogodependientes que son tratados por ONG y no tienen los criterios de los protocolos de salud para reinsertarlos a la sociedad o rehabilitarlos”, indicó la presidenta del CND, Mabel Féliz.

Con la modificación a la Ley 72-02 sobre lavado de activos, la redistribución sería de la manera siguiente: la DNCD 30%, el CND y la PGR un 25, las instituciones sin fines de lucro un 15 y para el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDREC) un cinco por ciento.

“Estamos consensuando que ese porcentaje le sea dado no a MIDEREC sino al Ministerio de Salud Pública, para que asuma su rol en el tratamiento a las adicciones de los drogodependientes”, explicó Mabel Féliz.

Tanto el CND como la DNCD han manifestado su descontento luego de que el pasado martes 22 de marzo el procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, depositara el anteproyecto de ley por ante la Cámara de Diputados.

Tanto Féliz como Rosado Mateo se han quejado de la redistribución de los recursos obtenidos luego de una sentencia irrevocable porque, al Consejo Nacional de Drogas y a la DNCD se le redujo un 25 y 20 por ciento, respectivamente, de los recursos que les correspondía en la ley vigente.

Según la Procuraduría General de la República, la propuesta busca hacer una distribución equitativa de los bienes incautados entre las instituciones que tienen que ver con la persecución y la prevención  del narcotráfico.

Parte de esos fondos se utilizarán para la modernización de las cárceles, que en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria existen 13 cárceles y en el viejo modelo 24.