Las obras Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera Casabito, Carretera Río Jarabacoa y Corredor Duarte II, fueron desarrolladas por el Estado Dominicano, a través de la empresa Odebrecht, con sobornos pagados por la empresa a políticos, legisladores y funcionarios de la administración gubernamental.
Es lo que dice el expediente de la Procuraduría General de la República entregado a la Suprema Corte de Justicia para solicitar medidas de coerción de por lo menos 18 meses de prisión para las 14 personas hasta ahora imputadas como receptoras de sobornos pagados por Odebrecht a través del empresario Angel Rondón.
En los proyectos ejecutados por Odebrecht, antes mencionados, habrían recibido sobornos -entregados por Rondón- los inculpados Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Temístocles Montás, Julio César Valentín y Ruddy González.
Autopista del Coral
El relato del Ministerio Público comienza con la Autopista del Coral, que había sido contratada por el Estado con la empresa Hormigones Moya, en el 2004, para unir a las provincias La Romana e Higuey, a través de un trayecto más corto y más amplio. El costo contratado con Hormigones Moya fue de 124.2 millones de dólares. Otro tramo contratado fue Higuey-Verón, por un monto de 129.5 millones de dólares.
Al llegar Víctor Díaz Rúa como Ministro de Obras Públicas en el 2004 identificó ambos proyectos para que los desarrollara la empresa Odebrecht, debido a la experiencia positiva que había desarrollado como director de INAPA, “en donde obtuvo grandes sumas de dinero como resultado del soborno recibido por parte del imputado Angel Rondón Rijo, como anteriormente citamos en eel presente escrito”, dice el documento del Ministerio Público.
“La ambición y el deseo de adquirir mayor participación en los beneficios del dinero de soborno” por parte de Díaz Rúa, lo llevaron a exigir a Odebrecht que firmara un contrato de representación legal por el 1.25% del valor total del proyecto de la Autopista del Coral con su amigo, abogado y testaferro Conrado Enrique Pittaluga. Ese contrato se firmó el 17 de enero del 2008, según declaración de Marco Vasconcelos Cruz, representante de Odebrecht en el país.
Luego, el 20 de agosto del 2008, Víctor Díaz Rúa firmó un contrato con una enmienda a la construcción de la Autopista del Coral, en donde Hormigones Moya cedía sus derechos a Odebrecht por la suma de 272.3 millones de dólares.
Marco Vasconcelos Cruz, de Odebrecht, se comunicó formalmente con la sociedad Lashan Corp y su presidente Angel Rondón, con la orden de pago de 5.4 millones de dólares, equivalente al 2% de los 272.3 millones de dólares que habían acordado con Hormigones Moya. El porcentaje era para Rondón.
El monto fue depositado por Odebrecht a la cuenta de Lashan Corp en el banco BSI Overseas (Bahamas) Limited, a nombre de Lashan.
Como parte del entramado de corrupción y sobornos, sigue contando el documento, Díaz Rúa firmó la agenda III del contrato de construcción con Odebrecht, el 1 de octubre de 2011, aumentando 77.2 millones de dólares al contrato.
Con la intención de aumentar las ganancias obtenidas a través del contrato de Conrado Pittaluga con Odebrecht, Díaz Rúa decidió aumentar “de una forma descarada” en el adendo IV, la suma de 536 mil dólares, a ser pagado a su amigo y testaferro.
Vasconcelos Cruz reveló a los fiscales de Brasil que Díaz Rúa y Conrado Pittaluga recibieron en total 6.6 millones de dólares, pagados a su sociedad Newport Consulting LTD, por la Autopista del Coral. Los depósitos fueron realizados a la cuenta en el Meinl Bank, de Antigua y Barbuda, del testaferro Conrado Pittaluga. El último pago se hizo el 6 de agosto del 2012, por 2.0 millones de dólares.
Rondón también habría recibido el 2% del monto de la obra “para sobornar a funcionarios y legisladores” que según declaraciones de los funcionarios de Odebrecht, incluyen al senador Tommy Galán Grullón, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Temístocles Montás, entonces secretario Técnico de la Presidencia. El trabajo de ambos habría sido acelerar “los trámites de aprobación de préstamos, para lo cual aceptaron sumas de dinero como soborno para la realización de estas diligencias”.
Corredor Duarte I
El Ministerio Público entiende que con este proyecto “hubo un concierto de voluntades para violentar leyes para sustraer fondos públicos”.
Sostiene que la licitación del Corredor Duarte I fue “ganada” por Odebrecht, esta vez asociada con Ingeniería Estrella, que crearon el consorcio Corredor Duarte I. El contrato fue firmado el 28 de abril del 2009 por 163.9 millones de dólares.
Díaz Rúa y Conrado Pittaluga volvieron a actuar con el mismo esquema, creando un contrato disfraz de consultoría para cobrar el 1.25% del total de la obra.
Marco Vasconcelos Cruz declaró que en este caso Rondón contaba con el apoyo de Temístocles Montás, quien diligenció los acuerdos de financiamiento, y contaba con el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, quien a través del diputado del PRD, Ruddy González, recibió sobornos.
La primera adenda al Corredor Duarte I se firmó el 4 de febrero del 2010, aumentando en 40.6 millones de dólares el monto de la obra, incluyendo la construcción de dos pasos a desnivel, sin licitación.
El 10 de agosto del 2010 se firmó la segunda adenda. En esta ocasión emitieron una resolución de urgencia, para incluir la construcción del túnel de conexión entre las avenidas Ortega y Gasset y la Santo Tomás de Aquino, en las inmediaciones de la UASD, a un costo de 63.5 millones de dólares.
Pese a que se trataba de una obra adicional, que debía ser licitada, dice el Ministerio Público, la colocaron como urgencia y dentro del Corredor Duarte I. Del monto original contratado dicen que Angel Rondón recibió la suma 3.3 millones de dólares. Ese monto iba dirigido a sobornar a Víctor Díaz Rúa, según el documento.
Carretera El Río-Jarabacoa
El 10 de agosto del 2010 fue histórico en la historia criminal que se estaba ejecutando entre Díaz Rúa, Rondón y la empresa Odebrecht, porque se constituyeron en asociación de malhechores contra el patrimonio público. Aparte de aprobar la segunda agenda al Corredor Duarte, y del túnel de la UASD, también declararon de urgencia la construcción de la carretera El Río-Jarabacoa, y la entregaron a Odebrecht, por un monto de 71.5 millones de dólares.
Angel Rondón gestionó el financiamiento para esa obra, por vía de Temístocles Montás, a quien definen como el funcionario que “formaba parte de la asociación criminal formada por los imputados para desfalcar el Estado Dominicano, según la declaración de Marco Antonio Vasconcelos Cruz”.
Luego se hizo un adendo irregular a la obra, por 100.5 millones de dólares. Angel Rondón habría recibido el 2% del monto total de la obra, y aportaría recursos a los legisladores y funcionarios implicados en la agilización de los contratos y de los préstamos.
Carretera de Casabito
El proceso de contratación y construcción de la carretera de Casabito inició en 2007, con el adendo número 6 a la construcción del proyecto Hidroeléctrico Pinalito.
Se decidió incluir esta carretera como parte de ese proyecto, encabezado por Radhamés Segura como vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Se le denominó rehabilitación de la carretera Constanza-Tramo Cruce Autopista Duarte-Casabito Constanza.
Segura por la CDEEE y Víctor Díaz Rúa como ministro de Obras Públicas, “fraguan un concierto de voluntades a fin de evadir los procesos legales” de la Ley de Contrataciones Públicas, “y se ingenian un mecanismo ilegal para transferir fondos de un proyecto a otro, violentando de esa forma la Constitución y el Código Penal dominicano”.
El 26 de diciembre de 2007, aprovechando la declaratoria de Estado de Emergencia, Díaz Rúa suscribió un contrato con Odebrecht, sin licitación, otorgando a esa empresa la rehabilitación de la carretera Constanza-Tramo Cruce Autopista Duarte-Casabito Constanza, por un monto de 40.5 millones de dólares, de los cuales 11.5 millones fueron pagados por la CDEEE y los restantes 29.0 millones de dólares por la Secretaría de Obras Públicas.
Marco Vasconcelos Cruz reveló que Angel Rondón recibió 924 mil dólarespara pagar sobornos, entre otros, a Temístocles Montás, quien concertaba y aceleraba las gestiones para la firma del contrato de préstamos del proyecto.
Dice el Ministerio Público que no conforme con los sobornos recibidos, Díaz Rúa firmó una adenda el 30 de junio del 2009, aumentando en 10.1 millones de dólares el monto del proyecto.
Inexplicablemente cuatro meses después, y alegando deterioro por las lluvias, Díaz Rúa firmó un nuevo contrato con Odebrecht para la rehabilitación de la misma carretera Constanza-Tramo Cruce Autopista Duarte, por un monto de 46.2 millones de dólares, mayor al primer contrato suscrito.
“No fue suficiente para el imputado haber suscrito los contratos antes indicados, sino, que en fecha 30 de abril del 2010, firmó otra adenda por un monto de 11.6 millones de dólares”, con el objetivo de modificaciones al contrato.
El entramado de corrupción era evidente, dice el documento, porque la carretera fue contratada dos veces con la misma empresa, sin ningún tipo de licitación y en forma acelerada, utilizando los servicios de Angel Rondón, Radhamés Segura y Víctor Díaz Rúa.
Explica que en los casos de Julio César Valentín y Ruddy González “viabilizaron todos los proyectos que se conocieron en sus respectivas gestiones, para recibir sumas de dinero de parte del imputado Angel Rondón Rijo”. Valentín era el presidente de la Cámara de Diputados y González era miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
De acuerdo al testimonio de Marco Vasconcelos Cruz, gerente de país de Odebrecht en República Dominicana cuando ocurrieron estos hechos, había “una estrecha relación de los imputados Julio César Valentín Jiminián y Ruddy González con el intermediario de Constructora Norberto Odebrecht, Angel Rendón Rijo. Además, de los aportes que el imputado Angel Rondón Rijo realizaba a la campaña de ambos legisladores”.