SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Miguel José Moya, uno de los imputados en la Operación Medusa, fue interrogado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción en varias ocasiones en presencia de su abogado, donde contó a los fiscales adjuntos su relación con la PGR de Jean Alain.
De acuerdo al acta del interrogatorio, Moya contó que su relación con la PGR inició en 2017 cuando fue contactado porque la institución tenía una situación grave sobre la reputación del entonces procurador y de la misma entidad. Allí fue donde conoció a Jean Alain.
“Esa reunión no fue cómoda ni para ellos (Jean Alain y Rafael Canó) ni para mí, porque yo sentía que lo que opina sobre el procurador y la institución no era muy bueno y ellos me dijeron que había sido muy duro con el procurador. Esa reunión concluyó con que me llamaban más adelante y no supe más de ellos hasta la licitación”, narró Moya.
Sostuvo que cuando se abrió la licitación en 2018 era para una asesoría o trabajo de una crisis de recursos humanos y que él aplicó porque entendía que podría manejar el tema, aunque “mi intuición me decía que sería un gran problema para mí y mi intuición tuvo la razón”.
Al ganar la licitación “hicimos un resumen de un informe ejecutivo donde recomendamos de manera urgente un tema de clima laboral porque el perfil de quien dirigía la institución generaba una presión en el clima laboral, adicional a los factores externos”, expresó.
Dijo que el trabajo debía realizarse en tres meses y que advirtió que ese trabajo era de más de un año y medio, que no era posible hacer ese cambio de clima laboral en el tiempo que ellos querían.
El imputado mantuvo esa relación con la PGR por un periodo de tres años, desde el 2018 hasta el 2020 donde generó un aproximado de RD$20 millones.
De acuerdo con la actual Procuraduría esos contratos se firmaron para que Moya a través de su empresa Desarrollo, Individuo y Organización (DIO) impartiera unos talleres a los empleados de la institución, sin embargo, el imputado negó en el interrogatorio que haya sido para esa función.
Para materializar el objeto de los contratos con la PGR, Moya contó con un equipo de asesores que formaron parte de la mesa de trabajo de la empresa DIO.
Entre ellos estuvieron Sarah Fernández como encargada de asuntos administrativos; Gloria Zacarías, encargada de opinión pública; Gina Almonte, de asunto de reputación y comunicación; Rudy González, de opinión pública; Rogelio Genao, asesor en asuntos políticos.
Asimismo Cristóbal Rodríguez de asuntos jurídicos; Guillermo Guzmán Fermín de seguridad; Raúl Calvo de comunicación digital; Jeyson Blanco de recursos audiovisuales junto a Carlos Leonardo y otra persona identificada solamente como Armando.
Durante el interrogatorio reiteró que no le guarda lealtad a Jean Alain ya que su compromiso era institucional, no personal.