Sao Paulo, 24 mar (EFE).- Cerca de 17.000 manifestantes, según los cálculos de la Policía, se congregaron hoy en una plaza pública de Sao Paulo para protestar contra el trámite que corre en el Legislativo para el eventual juicio político para destituir a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
"Nosotros no queremos incendiar el país, pero tampoco tenemos sangre de cucaracha. No va a haber 'golpe'", declaró en su discurso el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), una de las organizaciones sociales que impulsaron la protesta.
La concentración convocada por el Frente Povo Sem Medo (Frente Pueblo Sin Miedo) tuvo lugar al comienzo de la noche de en el Largo da Batata, una plaza en el céntrico barrio de Pinheiros de la mayor ciudad brasileña.
Las movilizaciones buscan, en parte, contrarrestar las realizadas recientemente por la oposición contra el Gobierno, que el 13 de marzo, según la Policía, reunieron 3,6 millones de personas en todo el país, con 1,4 millones de manifestantes sólo en la Avenida Paulista, de Sao Paulo.
El acto también se realizó en defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien la semana pasada fue nombrado como ministro de Presidencia, pero al que la Justicia le ha impedido tomar posesión del cargo.
Lula es investigado en el marco del caso por corrupción en la petrolera estatal Petrobras y ha sido acusado formalmente de delitos de blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
Un fiscal de Sao Paulo llegó a pedir la prisión preventiva de Lula, pero por ahora todas las investigaciones están en poder de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre el nombramiento de Lula.
Con el estatus de ministro, el exjefe de Estado pasaría a gozar de fuero privilegiado y las investigaciones en su contra ahora sólo podrán ser conducidas por la Corte Suprema, pero una serie de medidas cautelares de jueces han impedido tomar el cargo.
Otra jornada pro Gobierno está prevista para el próximo 31 de marzo, en la que los movimientos sociales y sindicatos reiterarán su apoyo a Lula y al Gobierno de Rousseff. EFE