SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Ante un país que de manera constante denuncia la falta de respuesta oportuna del sistema judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, se tornó del lado del pueblo que aclama justicia y enfatizó en su discurso por el Día del Poder Judicial, la mora judicial como un problema crónico del sistema de justicia dominicano, en pro del que pretenden trabajar según el programa Visión Justicia 20/24.
La mora judicial, conocida como un retraso en la solución de las controversias que se someten a la justicia, se refleja en el poder judicial dominicano con 18,357 casos acumulados entre los que algunos esperan sentencia desde el siglo pasado.
“¡No podemos aceptarlo! No es posible que ciudadanos y ciudadanas tengan la vida suspendida, porque no sale una decisión de los tribunales. O que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas de urgencia para protegerlo estén en retardo.”
Al declararse en conocimiento de que los dominicanos y dominicanas exigen un servicio judicial oportuno y eficiente, dijo a la comunidad jurídica y política nacional que adolecen de problemas en la distribución equitativa de la carga judicial y de presupuesto. Ante eso, explicó que trabajarán en ambas deficiencias para alcanzar niveles de resolución aceptables.
Según indicó Molina, la mora judicial tiene raíz en distintos aspectos. Uno de ellos es la discrepancia entre el numero de jueces para cada nivel del sistema, y el porcentaje de casos ingresados anualmente. “Así, mientras los jueces de primera instancia y de la Suprema Corte deben conocer en promedio 484 y 486 casos cada uno, respectivamente, este número disminuye en el caso de los jueces de paz y de cortes de apelación a tan solo 169 y 131 casos en promedio cada uno.”
Para combatir ese flagelo pretenden tomar medidas puntuales como: que los magistrados de corte de apelación puedan resolver asuntos de primera instancia sin perder su carácter de tales; trabajar en mecanismos que permitan distribuir la relación entre los jueces y la carga de trabajo; organizar los horarios de las audiencias para respetar el tiempo de las ciudadanas y los ciudadanos que recurren a la justicia o deben comparecer ante ella, así como el tiempo de sus abogados y abogadas.
La distribución desigual y su relación con el presupuesto
El magistrado Luis Henry Molina habló sobre la inequidad en la distribución judicial y la eficiencia presupuestaria, momento en que detalló que el presupuesto del poder judicial se divide en un 68% para los juzgados de paz, los tribunales de primera instancia, las cortes de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia; y un 32% para el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración.
En cifras estadísticas, funciona de la siguiente manera:
Los juzgados de paz poseen el 23% de las plazas del sistema, atienden sólo el 14% de los casos y reciben para ello el 11% del presupuesto.
Los tribunales de primera instancia atienden el 74% de los nuevos ingresos y reciben el 29% del presupuesto.
Las cortes de apelación atienden el 10% de los nuevos ingresos, pero reciben el 22% del presupuesto.
En primera instancia cuentan con el 44% de las plazas judiciales. Las Cortes de Apelaciones representan un 31% de las plazas.
Misa roja de acción de gracias
Investido de color rojo por el inicio del año en el poder judicial, el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, ofreció una homilía en la Catedral Primada de América.
“Cuando hay justicia y buena administración de la justicia, así se consigue la paz”. Sus palabras se basaron en la declaración que hizo el Papa francisco para la celebración de la 53 Jornada Mundial de la Paz.
Ozoria señaló que a pesar de que hay más que suficientes elementos para llegar a la desesperación, la paz del país se conseguirá a través de la administración de justicia.
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