SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para la pensionada magistrada Miriam Germán Brito, ex presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la ausencia de independencia en el poder judicial “devasta el carácter social y democrático que se supone consustancial al Estado de Derecho”.
Para la ex jueza la independencia es una herramienta imprescindible para la administración de justicia, en cuyas decisiones no deben estar ausentes el derecho a un trato igualitario.
Dijo que El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político bajo la dirección del presidente de la República, y que los miembros que se suponen independientes le deben favores o le temen al jefe de Estado, por lo que no resulta confiable para garantizar la independencia del poder judicial.
En un reconocimiento que le hizo la Comisión Dominicano de los Derechos Humanos, que dirige Manuel Mercedes, Miriam Germán declaró que en el Consejo de la Magistratura fue vejada y agraviada, y se lamentó de que todos los presentes, con excepción de dos, guardaran silencio.
Dijo: “De los agraviantes el que llevaba la voz cantante era un señor que hasta su lenguaje corporal mostraba narcisismo, prepotencia y engreimiento. Fui vejada, calumniada, espiada, expuesta por el señalamiento de donde quedaba mi hogar, mi número de teléfono y los lugares que frecuento. Llego a un punto sin retorno refiriéndose en forma irrespetuosa y despectiva a uno de mis hijos con capacidades diferenciadas. Los otros dos, jueces fueron personas con las que trabaje siete años, con uno de ellos deliberaba casi a diario, ese fue que auxilio al Procurador en el diseño de infamias”.
A continuación las palabras pronunciadas por Miriam Germán en el acto de desagravio y solidaridad realizado por la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo:
La independencia es una herramienta imprescindible para la administración de justicia, en cuyas decisiones no deben estar ausentes el derecho a un trato igualitario.
La ausencia de independencia lleva una carga que devasta el carácter social y democrático que se supone consustancial al estado de derecho.
En nuestras constituciones siempre ha estado clara la necesidad de la independencia de los poderes públicos que funcionan con una dinámica de peso y contrapeso.
Trampas a lo interno y a lo externo
En cuanto a lo interno o sea de los jueces jerárquicamente superiores con respecto a aquellos que ocupan lugares subordinados y como juez de un lugar más bajo, resulta que estas frente a una persona que:
a) Tiene un papel importante en la evaluación de desempeño. b) También lo tiene en promover ascensos.
Resultando que si eres una persona que no tiene un carácter templado, pude que te inclines a buscar la manera de acomodar tu criterio al de los superiores en la escala.
No es todo lo frecuente que uno desearía encontrarse con jueces o juezas que se hagan su propio espacio y que mantengan su razonado criterio frente a amenazas veladas o no.
“En el léxico derivado tanto de la jurisprudencia como de la doctrina en lo relativo a la tutela de derechos fundamentales, ha surgido la expresión de “garantías reforzadas” cuando las mismas tienden a preservar valores y principios trascendentes en la configuración y definición misma del Estado de que se trata; incluso en el léxico del derecho comparado encontramos expresiones como “valores superiores del ordenamiento” para referirse a este tipo de garantías. En efecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “…los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria de Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial”. Eric Raful en ocasión del caso Julio Aníbal Suarez
La independencia judicial, es una herramienta imprescindible para una administración de justicia en cuyas decisiones no se obvie el derecho a un trato igualitario.
Todavía en nuestro sistema de justicia, estando determinado el porcentaje del presupuesto destinado a estos fines, rara vez se cumple, no pasa de ser una letra muerta en diferentes gobiernos.
Entre nosotros, sin importar la naturaleza de una ley, sectores de poder económico y político, se comportan como si no hubiese sido dictada para ellos.
Cuando se dan esos casos tienen la peculiaridad de que solo sirve para profundizar desigualdades.
Inseguridad jurídica
El exceso de formalismo, puede afectar a cualquier ciudadano, cuando se pone el ojo exclusivamente en la forma puede que el resultado sea una sentencia impecable en la forma, pero bajo esa perfección formal se esconde una absoluta injusticia, siendo esta situación más lacerante cuando agravia a aquellos que están en el peldaño más bajo de la pirámide social.
Insisto no podemos fomentar que el juez o jueza importantice la forma en desmedro del fondo y que, cada uno (a) pueda obrar sin ninguna reflexión sobre lo que decide y pueda sobre asuntos iguales, dictar hoy una sentencia en un sentido y mañana en el contrario, generalmente acomodado a los sectores sobre los que debe pronunciarse y más si estos ocupan un lugar de privilegio en la sociedad.
Esto genera la inseguridad jurídica que desfavorece mayormente a los marginados y también dificulta lo referente a la inversión, porque insensato seria exponerse a invertir en donde no tenga una cierta seguridad jurídica.
Problemas derivados de la composición del órgano que selecciona los jueces
El Consejo Nacional de la Judicatura que designa los miembros de la S.C.J., tiene en su composición un fuerte elemento político, parte de esas personas, tienen una legitimación que proviene del voto popular, aunque a veces deja mucho que desear la obtención de ese voto.
Lo que no tiene razón de ser, es la presencia del Procurador General de la República, este funcionario es simplemente una parte en el proceso, no tenemos entre nosotros un M.P. independiente, ahí ya van dos votos: el del Presidente y el del Procurador designado por éste y de libre remoción.
De los demás miembros, es más que probable que uno de los diputados o el senador, vinculados por la pertenencia al mismo grupo político.
De los jueces miembros es probable que estos o sean del partido del Presidente, de deban algún favor o le teman.
No hay que ser un genio para ver que en definitiva es el criterio del Presidente el que podría determinar la composición de la S.C.J
Lo repito no es de por si un mal el ingrediente político, si antes que en los intereses partidarios o económicos pensaran en una correcta administración de la justicia.
Veamos una inconsecuencia: la S.C.J está compuesta por un setenta y cinco por ciento (75 %) de jueces de carrera y un veinticinco por ciento (25 %) de otra procedencia, a pesar de esto los que representan a los jueces en el Consejo, ninguno de los dos es de carrera, se dirá que el Presidente de S.C.J. esta ahí por derecho propio, pero ¿Y el otro?
Resulta más que probable que los dos que no son de carrera se sumen al voto del Presidente de la República, quien en definitiva decidirá la composición de la S.C.J.
Se dirá que no está prohibido que dos elementos que no son de carrera representen al 75 %, no está prohibido, ¿Y dónde ponemos la elemental justicia del proceder?
“…las normas que se refieren a la independencia del poder judicial –método de designación de jueces, garantía de inmovilidad, procedimientos de fijación de salarios y otras condiciones de su función- están hechas para garantizar que los jueces procedan libres de presiones extrañas y sean independientes de toda autoridad, salvo de la autoridad del derecho. Dichas normas son por tanto, esenciales para preservar el estado de derecho”. La autoridad del derecho: J. Raz
“Además de la correcta y transparente, selección de candidatos, es necesario modernizar el modo de trabajo del Poder Judicial para que la publicidad, la oralidad y la adecuada gerencia de recursos humanos y materiales, permitan que el entorno institucional y laboral del juez, facilite su independencia”. Roberto Gargarella
Sería triste que se llegara a tener una S.C.J. que más que a la constitución y a las leyes en sentido general estuviera pendiente de que línea complacería a tal o cual partido. Ese no es el caso de un importante número de magistrados, que merecen mi respeto, hay otros sin embargo que llegan al extremo aun sin pedírselo de atisbar el horizonte tratando de ver que complacería al poder.
Hay situaciones en que lo ya dicho lleva a que nos encontremos con sentencias que aplican con efecto retroactivo disposiciones legales dictadas con anterioridad al caso del que se trata, y que además lo hagan contra procesados, olvidándose que el efecto retroactivo solo es posible cuando favorece al que esta sub-judice o cumpliendo condena.
Pasan de las cuestiones del debido proceso que tanta lucha costó, como si no existieran y ni miran la obligación de motivar cada uno de los aspectos sobre los cuales deciden.
Razón tiene Manuel Ulises Bonelly cuando dice “la realización del proceso penal implica una tensión permanente entre derecho y garantía. La función del juez en el sistema acusatorio es asegurar su equilibrio y no resucitar el papel acusador que le daba el modelo inquisitivo”; piensan y actúan como si Torquemada aun viviera.
Todo lo anterior me trajo a la mente la terrible reflexión de Robert Cover sobre la interpretación de la ley:
“La interpretación legal tiene lugar en un campo de dolor y muerte. Eso es verdad en varios sentidos. Los actos de interpretación legal señalan y ocasionan la imposición de violencia sobre otros: un juez articula un entendimiento de un texto y, alguien pierde su libertad, su propiedad, sus hijos y hasta la vida donde existe la condena de muerte. Las interpretaciones del derecho también constituyen justificaciones para la violencia que ha ocurrido o que está a punto de ocurrir. Cuando los intérpretes han culminado su trabajo frecuentemente dejan detrás victimas cuyas vidas han sido destrozadas”. Robert Cover en, Derecho narración y violencia.
A mi particularmente me aterran los jueces que se sienten servidores del Ministerio Publico, con un mal entendido espíritu de cuerpo, el ministerio es una parte en el proceso y tiene una teoría del caso que no es palabra de Dios sino algo que deben probar en todos sus elementos no dejando subsistir una duda razonable.
En esa labor de recolección de pruebas no están liberados de cumplir rigurosamente con el debido proceso de ley.
Desagravio y gratitud
Este acto me llena de gratitud por los organizadores que pensaron en mi para este rol, según la invitación lleva aparejado un acto de desagravio, agradezco su intención, no fueron ustedes lo que me agraviaron, quizás la mayoría fue de los que levantaron su voz de protesta.
El agravio vino principalmente de tres miembros del Consejo, y de un cuarto que aunque no me consta, puede que fuera el que tirara los hilos, si algo ha marcado mi carrera ha sido una razonada insumisión, cuando tuve que disentir lo hice aunque después como ahora me cobren el precio y a través mío, envíen a otros el perverso recado de “Vean lo que le pasa a los que no siguen la línea y son disidentes recurrentes”.
De los agraviantes el que llevaba la voz cantante era un señor que hasta su lenguaje corporal mostraba narcisismo, prepotencia y engreimiento.
Fui vejada, calumniada, espiada, expuesta por el señalamiento de donde quedaba mi hogar, mi número de teléfono y los lugares que frecuento.
Llego a un punto sin retorno refiriéndose en forma irrespetuosa y despectiva a uno de mis hijos con capacidades diferenciadas.
Los otros dos, jueces fueron personas con las que trabaje siete años, con uno de ellos deliberaba casi a diario, ese fue que auxilio al Procurador en el diseño de infamias.
No les pedí que se batieran por mí, eso no es propio de la naturaleza de ninguno de los dos, pero sentí pena cuando los vi ahí como dos hitos, por no decir una palabra malsonante que quizás fuera la más adecuada.
Aunque no me consta expresamente que el vocero, narcisista y fatuo, tuviera la anuencia del Presidente de la República, pero mis sospechas al respecto son legítimas, se podría decir que él no podía impedir lo que aquel hacía, pero resulta que en ocasiones lo he visto ser ríspido, implacable con los que se van a evaluar, incluso con una mujer muy digna cuando se evaluaba para continuar siendo miembro del T.S.E. Bien pudo atemperar la indecencia de su subordinado.
Pasé un tiempo sometida a un brutal acoso, el paso de los días fue colocando cada cosa en su lugar reconociendo la invaluable significación que para mí tuvo el rechazo de la mayoría de la población a este abuso, sin que para ello hubiera ni pago ni amenaza que contrario a otros no es mi proceder.
Estuve con un natural dolor y rabia, después serenamente decidí que esos señores no podían llenar mi corazón de cenizas, rencores y rabia, decidí que no deseo parecerme a ellos, no deseo para mí su indignidad. Me ayudo el recuerdo de algo que dice: “No puedo resignarme al desuso del alma ni a la razón del enemigo”.
No puedo dejar de agradecer la actitud del senador José Ignacio Paliza, pero sobre todo del extraordinario ser humano que es la diputada Josefa Castillo, cuya valentía y dignidad en medio de la barahúnda de maltratos casi sonrío al pensar “tenía que ser una mujer”.
Miriam Germán Brito