SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Magistrada Miriam Germán Brito fue víctima de la interceptación telefónica solicitada por la Procuraduría General de la República, durante un período de 60 días, partiendo el 24 de noviembre de 2018, y pese que únicamente se escuchaba la voz de la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, jamás la Procuraduría General de la República realizó una rectificación.
La conclusión sale a relucir de los documentos entregados por la empresa telefónica CLARO a la magistrada Miriam Germán Brito, por decisión de la jueza de la Octava Sala de la Cámara Penal del juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Claro entregó la documentación a Víctor Benavides, abogado de la oficina que representó a la magistrada Miriam Germán Brito, y entre los documentos se encuentra el oficio No. DIS-HT1937-18, del Departamento de Inteligencia Sensitiva de la Policía Nacional, vía su dirección central de inteligencia, en la que se remite a Claro la decisión de la jueza Odania Lapaix Mejía, autorizando la intervención de la voz del teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito. Ningún otro teléfono fue autorizado a interceptación, y el oficial que firma la resolución es el coronel de la PN Rafael Antonio de los Santos Céspedes.
Otro de los documentos anexos es la resolución judicial de interceptación telefónica No. 2018-TAUT-09961, del poder judicial, firmada por la magistrada Odania Palaix. En esa resolución consta que la solicitud de Bolívar Sánchez, Procurador General Adjunto, dice textualmente lo siguiente:
“Solicitamos que nos sea otorgada una autorización por escrito para interceptar las llamadas entrantes y salientes del número 809-383-124; en vista de que el mismo es utilizado por el ciudadano solo conocido como BNI; de la Compañía CLARO CODETEL, quien está siendo investigado por esta Inspectoría General del Ministerio Público, en relación con la investigación del hecho punible calificado , previsto y sancionado como violación de los artículos 5-A, 58-A, 75 párrafo II y 85 letra A, B y C de la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana, en vista de que necesitamos recabar más indicios o evidencias importantes para la investigación que llevamos a cabo y los móviles están produciendo telecomunicaciones en la Provincia Santo Domingo”.
La magistrada Odania Lapaix autorizó a la Policía Nacional y a la Procuraduría interceptar únicamente el teléfono de Miriam Germán bajo el alegado de ser utilizado para narcotráfico, y la autorización fue emitida el 24 de noviembre de 2018 por un período de 60 días. La Procuraduría no solicitó a Claro interrumpir esa interceptación, pese a que desde el principio sabían que el teléfono interceptado era el de la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
La resolución de la magistrada Lapaix dice lo siguiente:
“Resuelve
Primero: Autorizar al Procurador General Adjunto, Inspector General del Ministerio Público, Lcdo. Bolivar Sánchez Veloz, que a través de la Compañía CLARO CODETEL, proceda a realizar la interceptación del teléfono 808-383-1248; en vista de que el mismo es utilizado por el ciudadano solo conocido como BNI; de la Compañía CLARO CODETEL, quien está siendo investigado por violación a los artículos 5-A, 58-A, 75 párrafo II y 85 letra A, B y C de la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana; y proveer al Ministerio Público actuante los resultados de la indicada interceptación:
SEGUNDO: ESTABLECER un plazo de Sesenta (60) días para la ejecución de la presente autorización”.
La Procuraduría General de la República ha querido explicar esta ilegalidad, obtenida sobre documentos falsos, y para ello se inventó la historia de que un ciudadano, Richard Molina Ovalles, estaría relacionado con el narcotráfico.
Este jueves la PRG emitió una nota de prensa reiterando la misma historia, con la mención de la magistrada Miriam Germán Brito, para sembrar dudas sobre su honestidad, cuando en realidad esa jueza ha sido la víctima de la Procuraduría General de la República. Una historia pocas veces conocidas en los anales de las violaciones institucionales.
