Santo Domingo, República Dominicana.- Al participar como conferencista invitado en el Almuerzo Conferencia de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR, por sus siglas en inglés), el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, planteó que la deuda externa, el gasto público y las medidas adoptadas por la nueva administración de los Estados Unidos no amenazan la estabilidad económica del país.
En las palabras de apertura, el presidente de AMCHAMDR, David Fernández, resaltó durante el almuerzo que el nivel de seguridad jurídica es fundamental en el clima de negocios e inversión en un país, y lo calificó como un elemento que potenciales emprendedores e inversionistas evalúan junto a otros para tomar sus decisiones.
Durante su ponencia como orador invitado, Guerrero Ortiz sostuvo que el gobierno se ha ocupado de determinar los posibles escenarios y medidas que pudieran adoptarse para mantener el clima de estabilidad macroeconómica con baja inflación, estabilidad cambiaria y mejoras constantes en sus cuentas externas.
En su presentación de la conferencia "Política Fiscal para la Estabilidad Macroeconómica y el Crecimiento Inclusivo", el funcionario afirmó que no está en la agenda del gobierno hacer un incremento de tasas de los impuestos existentes ni crear nuevas figuras impositivas, por lo que instó a los empresarios que cumplen con sus responsabilidades fiscales a no temer un aumento de esa naturaleza.
En este sentido, advirtió que el verdadero riesgo de la economía dominicana no está en la deuda pública, como han querido vender algunos economistas, hacedores de opinión pública y políticos de oposición, sino en la pobre presión fiscal de un 14.6%/PIB frente a un promedio de 23.3% en América Latina.
"Reafirmo ante ustedes que nuestra deuda pública tiene niveles sostenibles y está siendo manejada de manera correcta y responsable", declaró el ministro de Hacienda. Sostuvo que ésta refleja las necesidades de financiamiento del déficit fiscal, cuyo tamaño está definido por un bajo nivel de ingresos y gastos estructuralmente rígidos que provienen de mandatos de leyes.