SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministro de Defensa, Máximo Muñoz Delgado, aseguró que no tiene conocimiento de un supuesto contrato para la compra de radares militares para la base aérea de San Isidro.
El jefe militar dijo que en su gestión no se ha firmado contrato alguno de compra de radares, por la cual no tienen información al respecto.
Sin embargo, una comunicación de fecha 4 de julio emitida al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo pidiendo la reactivación del proyecto contradice las declaraciones del general Muñoz Delgado.
El jefe militar explica, en una comunicación, que las Fuerzas Armadas desean continuar con la ejecución del proyecto de instalación de los radares, el cual considera importante para la seguridad nacional.
El pedido del general Máximo Muñoz fue hecho días después de que el Consorcio Heaven Peralta Elta (COHPE) pusiera en mora judicial al Ministerio de Defensa por incumplimiento de contrato del proyecto.
Sin embargo, la comunicación del ministerio explica que la solicitud se hizo porque en julio vence el plazo para introducir los planes de inversión públicas para el 2017.
Aunque es cierto que el contrato no se firmo en su gestión, esta comunicación carnada con el número 16680 demuestra que el ministro de Defensa tiene conocimiento pleno de la existencia del referido contrato.
El proyecto está depositado en la Dirección de inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a la espera de la carta de aprobación presidencial.
Los trabajos de instalación de la tecnología se iniciaron en 2010, pero fueron paralizados en noviembre de 2011 por alegada falta de recursos.
El Ministerio de Defensa refiere, en su solicitud, que la adquisición de los equipos es de vital importancia para el Sistema integrado de Vigilancia y Control del espacio Aéreo Dominicano.
La pasada semana Acento dio a conocer un documento en el cual la empresa suplidora pone en mora de 90 a las instituciones involucradas en la firma del referido contrato.
La empresa intima a los funcionarios militares para que se pongan al día con las obligaciones legales y los pagos pendientes.
El contrato original del proyecto fue de 32 millones de dólares, luego fue firmado un adendum que agrega nuevos equipos por otros US$18 millones, de los cuales la empresa suplidora solo ha recibido 24 millones y les adeudan igual cantidad.
