SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El 13 de junio del 2016, hace ya 9 meses, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó a los Ministerios de Agricultura, de Industria y Comercio, Administrativo de la Presidencia y a la Dirección General de Aduanas a cumplir con el decreto 705-10, sobre los volúmenes de los contingentes arancelarios de leche importada desde los Estados Unidos por la empresa Lácteos Dominicanos, que les fueron reducidos arbitraria y sistemáticamente desde el 2013.
La sentencia condenatorio del TSA, firmada por los magistrados Rafael Vásquez Goico, Vanessa E. Acosta Peralta, Mery Laine Collado Tactutk y Evelin Germosén, no impusieron ningún astreinte por incumplimiento de la disposición. Lácteos Dominicanos, sin embargo, llevó el caso ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en donde se ratificó la sentencia del TSA y condenaron a los ministerios y organismos estatales al pago de un astreinte de 25,000 pesos diarios a cada una de las instancias estatales, mientras no cumplan con la disposición de asignar los contingentes de importación a la empresa querellante.
Esta última sentencia se emitió el 24 de enero del 2017, y hasta la fecha las entidades estatales tienen ya una deuda contraída con Lácteos Dominicanos de casi 4 millones de pesos.
Los jueces que emitieron esta última sentencia son Edynson Alarcón, Marilyn Musa Valerio, Samuel Arias y Eunice Minaya Pérez. Mediante decisión judicial ordenaron a los integrantes de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias que den “efectivo cumplimiento a la sentencia de amparo No. 262 del 13 de junio de 2016” relacionada con la asignación del volumen de contingentes arancelarios correspondientes al accionan en base a las importaciones de mercancías durante los tres años consecutivos anteriores. Además, determinaron que se impone un pago de un astreinte de 25 mil pesos por cada día “sin que se asigne a Lácteos Dominicanos la diferencia del volumen de contingente arancelario del período correspondiente al año 2016, mediante la realización del cómputo que ordena la mencionada sentencia de amparo”.
Pero no conformes con las dos sentencias condenatorias, los miembros de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, para el año 2017 continuaron bajando las asignaciones a la empresa Lácteos Dominicanos, que de 1,980 toneladas asignadas por el método establecido mediante decreto en el 2013, para el 2017 apenas le fueron asignadas 700 toneladas.
Lácteos Dominicanos tenía el 50.9% de las importaciones de leche desde los Estados Unidos en el 2013. ¿Cómo lo obtuvo? Mediante el método establecido por un decreto del 2010 por el presidente de la República Leonel Fernández, y que tomaba en cuenta el histórico de importaciones de leche en las empresas dominicanas.
De las 1,980 toneladas autorizadas en el 2013, Lácteos Dominicanos descendió en el 2014 a 1,364 toneladas, en el 2015 a 1,020 toneladas, en el 2016 a 920 toneladas y en el 2017 a 700 toneladas. La empresa que tuvo el 50.9% de importaciones en el 2013 de leche desde los Estados Unidos, en el 2017 apenas obtuvo el 14.7%. El decreto de Leonel Fernández del 2010, numero 705-10, determinó que el 80% de la leche importada se asignara a los importadores tradicionales, tomando en cuenta el volumen importado por cada uno, y el restante 20% de asignara a los nuevos importadores.
Pasteurizadora Rica en el 2013 obtuvo la asignación de 660 toneladas. En el 2014 pasó a 1,166 toneladas, en el 2015 aumentó a ,1800 toneladas, en el 2016 a 2,035 toneladas y en el 2017 a 2,200 toneladas. Esta empresa tiene ahora el 46.3% de las importaciones correspondiente a los tradicionales.
En el año 2014, ante la demanda de reconsideración de Lácteos Dominicanos, la Comisión para las Importaciones Agropecuarias firmó un acuerdo transaccional. Le correspondían 1,210 toneladas y apenas le otorgaron 770 toneladas. En el acuerdo le permitieron la entrada de 594 toneladas adicionales, pero la Dirección General de Aduanas, que forma parte de la Comisión, rechazó las importaciones y determinó que Lácteos Dominicanos debía pagar los impuestos correspondientes por esa leche. Aún está pendiente de pago, y sobre el caso no hay ninguna decisión oficial.
El decreto 705-10 en su artículo 11 establece el método para la asignación de los volúmenes de los Contingentes Arancelarios:
- Récord Histórico del total de las importaciones de la mercancía agropecuaria originaria de los países consignatarios del Tratado DR-CAFTA, realizadas por el interesado durante los últimos tres años consecutivos anteriores, al año calendario en que el Contingente Arancelario esté disponible
- A las cantidades solicitadas por los interesados, siempre que sean comercialmente viables, y
- A las cantidades disponibles para Importadores Tradicionales e Importadores Nuevos, en el año calendario correspondiente.
El presidente de Lácteos Dominicanos, Rafael Díaz, remitió solicitud de reunión con José Ramón Peralta, ministro de la presidencia y miembro de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, el 7 de diciembre de 2016. No le atendieron ni le respondieron. La misma solicitud la presentó a Angel Estévez, Ministro de Agricultura y miembro de la Comisión. Tampoco hubo respuesta. Reiteró cartas a ambos funcionarios el 13 de febrero de 2017, reiterando su interés de “propiciar un acercamiento para tratar asuntos de interés”. Tampoco le respondieron.
El 20 de febrero de este año volvió a solicitar la reunión, y tampoco le respondieron.
El 30 de marzo de 2017 la Asociación de Industrias de la República Dominicana solicitó al Ministerio de Agricultura que retome la modificación del reglamento para la asignación de las cuotas de importación para evitar las distorsiones que se producen con el mismo.
La AIRD hizo la solicitud a propósito de los reclamos de la empresa de Manuel Castillo Pimentel (MACAPI), que ha denunciado que sus derechos han sido violados en el Ministerio de Agricultura con las cuotas asignadas de importación. Lo mismo que le ha pasado a Lácteos Dominicanos.
El Tribunal Superior Administrativo también dictó sentencia condenatoria de las autoridades de Agricultura, Industria y Comercio, Administrativo de la Presidencia y Dirección General de Aduanas.
Angel Estévez, Ministro de Agricultura, dijo que el caso de Macapi está en la Suprema Corte de Justicia, y que cuando esa instancia decida “nosotros somos respetuosos de lo que haga la justicia”. Se justificó diciendo que las importaciones antes se hacían por amiguísimo, y que “hoy todo el mundo tiene el mismo derecho”.