Texto: Jorge Pérez/Fotos: Orlando Ramos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, informó que serán sometidos a la acción de la justicia los funcionarios públicos que no presentaron sus declaraciones juradas de bienes ante la Cámara de Cuentas en el plazo que otorga la Ley 311-14.
Domínguez Brito habló al recibir de la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, la lista de funcionarios que no realizaron sus declaraciones juradas. La lista incluye a los funcionarios que procedieron a realizar la declaración jurada luego de agotado el plazo legal.
Marte de Barrios dijo que la lista sería publicada en las próximas horas en el portal de la Cámara de Cuentas, www.camaradecuentas.gob.do
Según la Cámara de Cuentas, son 1277 los funcionarios que no hicieron declaración formal de su patrimonio.
La Ley 311-14 en su artículo 14 ordena que se solicite la destitución del funcionario que no haya realizado su declaración jurada sin justificación, como sanción por la falta de tercer grado de la Ley 41-08 de Función Pública
De los 1610 servidores públicos que vincula la ley 311-14, sólo 333 procedieron a hacer su declaración jurada en el plazo correspondiente y 136 lo hicieron fuera del plazo.
Los datos fueron suministrados por la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios de la Cámara de Cuentas.
La Ley 311-14 en su artículo 14 ordena que se solicite la destitución del funcionario que no haya realizado su declaración jurada sin justificación, como sanción por la falta de tercer grado de la Ley 41-08 de Función Pública.
Asimismo, si se detecta falsedad en los datos suministrados, las sanciones establecidas son de uno a dos años de prisión y multas que van desde 20 a 40 salarios mínimos.
En cambio, si se determina enriquecimiento ilícito de servidores públicos, los responsables pueden enfrentar condenas de cuatro a diez años de prisión, así como multas equivalentes al duplo del incremento del patrimonio en cuestión.
El artículo 19 de la Ley 311-14 ordena al Procurador General de la República investigar a quienes no acataron el mandato de esa ley, por presunción de enriquecimiento ilícito, y establece un régimen especial para los que fueron removidos de sus cargos o quedados sin funciones y no hayan presentado la declaración jurada de bienes.
Entre las instituciones que colaboraron en la identificación de los funcionarios están el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Junta Central Electoral, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Dominicana, el Ejército y la Armada de la República Dominicana, la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana de Transporte.