SAN PEDRO DE MACORÍS, República Dominicana.- La Unidad Antilavado de Activos solicitó al juez de Instrucción de San Pedro de Macorís que imponga al ex pelotero José Rijo una garantía económica de 20 millones de pesos por la acusación de lavado de activos.
El Ministerio Público solicitó además que le imponga al ex atleta impedimento de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía de San Pedro de Macorís los días 30 de cada mes.
“José Rijo se asoció con un narcotraficante para ser testaferro o presta nombre para poner a su nombre varios muebles e inmuebles”, dijo al juez la procuradora de la corte, María del Carmen de León, de la Unidad Antilavado de Activos.
Según los argumentos conclusivos del Ministerio Público, Rijo, en menos de dos meses, en Samaná traspasó a su nombre bienes que presuntamente habría comprado el alegado narcotraficante Matías Avelino Castro o Joaquín Espinal Almeyda o Milton Martínez Rodríguez, alias Daniel.
La fiscal De León solicitó auto de apertura a juicio contra el ex pelotero acusado de supuestamente violar los artículos 3 inciso a y b, 4, 7 inciso d, 8 b, el 18, 21 b, 24, 26 y 32 de la ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico.
El Ministerio Público insiste en que de acuerdo a las pruebas documentales José Rijo, “a sabiendas de la procedencia ilícita de los recursos económicos”, prestó su nombre en la compra de inmuebles y en innumerables transacciones comerciales para ocultar el origen ilícito y al real propietario de los bienes.
La Defensa
La defensa del ex pelotero fundamenta sus argumentos en que el Ministerio Público no presenta un elemento de prueba vinculante de Rijo con Avelino Castro que demuestre el ilícito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con Ernesto Guzmán Suárez, uno de los miembros de la defensa del ex pelotero, en este caso no se ha incautado droga y que el supuesto autor principal Avelino Castro no tiene sentencias por narcotráfico ni en el país ni en el extranjero, por lo que no hay elemento vinculante con el hecho punible.
“No ha aportado los documentos sustanciosos ni fundamentales en que el tribunal pudiera avalar para que se produzca un envío a juicio de fondo. En la secretaría de este tribunal depositamos sendas certificaciones de no antecedentes penales tanto de Rijo, como del fugitivo”, explicó el abogado.
Sobre la imposición de la medida de coerción de 20 millones de pesos, la defensa consideró exagerada porque Rijo se ha presentado a todos los procedimientos del proceso en dos años de investigación.
Guzmán Suárez aseguró que el ex pelotero produjo en la pelota de Grandes Ligas más de mil millones de pesos en bienes muebles e inmuebles, por lo que no tiene la necesidad material de lavar dinero.
El ex pelotero está representado por los abogados Perfecto Acosta, Damián Olivares, Amauri Guzmán y Ernesto Guzmán Suárez
Asesinato
Durante la audiencia de este lunes, la Fiscalía de San Pedro de Macorís solicitó al juez de instrucción que ordene auto de apertura a juicio contra los imputados Ángel Amed Mañón Gutiérrez, Elvin Canario de Oleo, Denny Junior Serrano, Franklin Lugo Mejía y Raysa Danelys Avelino Javier, acusados del asesinato del periodista José Silvestre.
Los imputados están acusados de asociación de malhechores, asesinato y porte ilegal de armas de fuego, por lo que la Fiscalía solicitó que no sean variadas las medidas de coerción interpuesta a los inculpados porque no han variado los presupuestos.
Además de Rijo, está acusado de lavado de activos Fermín Marcelino Calderón a quien acusan de utilizar el sistema financiero para ocultar los bienes ilícitos e incrementar su patrimonio, por lo que el Ministerio Público solicitó al juez que se le mantenga la prisión preventiva.
De su lado, los familiares de José Silvestre, quienes están constituidos en actor civil en el proceso, solicitaron al juez apertura a juicio de fondo contra los imputados Ángel Amed Mañón Gutiérrez, Elvin Canario de Oleo, Denny Junior Serrano, Franklin Lugo Mejía, mientras que retiraron la acusación contra Raysa Danelys Avelino Javier, hermana del supuesto autor intelectual y Fermín Marcelino Calderón.
En el proceso figuran tres intervenciones voluntarias, dos de Banco de Ahorro y Crédito Confisa, quienes solicitan la devolución de una yipeta Toyota del 2011 y una Ford del 2005. Mientras que una tercera interviiente voluntaria, Glency Gervaceo, solicita la devolución de un apartamento.
La audiencia fue aplazada para el próximo viernes a las 9:00 de la mañana donde los abogados de la defensa continuarán presentando sus argumentos conclusivos.