SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Tanto el Procurador General de la República como el fiscal del Distrito Nacional prefieren callar ante las preguntas de los medios de comunicación sobre el supuesto acuerdo al que habría llegado la esposa y la amante del alegado capo boricua José Figueroa Agosto con el Ministerio Público, en virtud del cual las imputadas facilitarían información a cambio de aligerar las acusaciones en su contra.
“El Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero yo prefiero que sea el Fiscal del Distrito que se refiera a eso”, expresó el Procurador General, Radhamés Jiménez Peña, al ser cuestionado sobre las negociaciones de la Fiscalía con Sobeida Félix Morel y Leavy Nin Batista.
De su lado, el Fiscal, Alejandro Moscoso Segarra, sólo se limitó a expresar: “no tengo nada que decir en torno a ese caso”, por lo que sigue la incógnita de si se arribó o no a un acuerdo con las imputadas como afirmaron dos abogados que intervienen en el proceso judicial que se encuentra en juicio de fondo.
Mientras que Moscoso Segarra prefiere callar en torno al tema, son incontables las veces que el abogado de Féliz Morel y Nin Batista, Féliz Portes, entra y sale del despacho del encargado de la investigación, el fiscal del Distrito, incluyendo la mañana de este martes.
Tanto Rafael Ariza como Freddy Mateo, abogados de tres acusados de formar parte de la supuesta en la red de lavado de activos al servicio de José Figueroa Agosto, coinciden en que estas entrevistas son parte de un “complot” contra el resto de las partes involucradas en el proceso.
Según los abogados, Rafael Ariza y Freddy Mateo, cualquier inconveniente que tengan las imputadas deberían plantearlo a través de las autoridades penitenciarias, y que el traslado de la esposa y amante del capo boricua al despacho del Fiscal obedece a que es una evidente negociación.
Ariza, defensor de los imputados Sammy Dahuajre y Mary Peláez, considera que las autoridades acusadoras no tendrían calidad moral para acusar a unos mientras que llegan a un acuerdo “con los monstruos” del expediente.
De su lado, el abogado Freddy Mateo, defensor de otra coimputada en el caso, Adolfina Peláez, apuntó que el supuesto acuerdo es un “absurdo” porque contra “los infelices que venden relojes solicitarán (condenas de) 20 años”.
En el caso de la imputada Leavy Yadira Nin Batista, las autoridades llegarían a un acuerdo pleno mediante el cual se leharía un juicio abreviado para solicitarle menor pena (dos años de prisión) a cambio de que admita los hechos y colabore con su testimonio en el proceso contra otros siete imputados.
Mientras que el acuerdo al que presuntamente arribaría Sobeida con las autoridades del Ministerio público serían, cinco, dos años y seis meses cumplidos, y la misma pena suspendida bajo ciertas condiciones.
Además de Adolfina y Mary Peláez, Sammy Dauhajre, también están acusados Ivanovich Smester, Madeline Bernard, Juan José Fernández Ibarra y Eddy Brito.