Por Gustavo Schmitt, Dimitrius Dantas y Cleide Carvalho/ Traducción Iván Pérez Carrión
El diario brasileño O Globo hizo un levantamiento sobre los acuerdos de delación premiada de Operación Lava Jato. El dato más relevante es que el discurso de los delatores, reforzado por las investigaciones, llevó a la prisión a
– 10 grandes empresarios;
– 12 executivos de la cúpula de grandes empresas;
– 2 exministros: José Dirceu e Antônio Palocci;
– 1 exgobernador: Sérgio Cabral. ]
SÃO PAULO —El levantamiento sobre los acuerdos de delación muestra que hubo reducción de hasta 599 años en la suma de las penas (de 710 años a 111 años) de 32 colaboradores condenados en la Operación Lava Jato. En total fueron 140 acuerdos firmados en Curitiba, Río de Janeiro y Brasilia, que arrojaron al menos 88 denuncias en los estados y en el Tribunal Supremo Federal (STF).
Las revelaciones sobre el esquema de corrupción en el país permitieron a los fiscales llegar a la cima de la pirámide del poder y ofrecer denuncias contra el presidente Michel Temer y el expresidente Lula, además de recuperar valores multimillonarios.
El testimonio de los delatores llevó a la cárcel diez grandes empresarios; 12 ejecutivos de la cumbre de las grandes empresas; Dos ex ministros −José Dirceu y Antonio Palocci−, y un exgobernador −Sérgio Cabral−. Pero no sólo ellos. Los exsenadores Delcídio Amaral y Gim Argello y cuatro exdiputados federales: Eduardo Cunha, André Vargas, João Argollo y Pedro Corrêa, tres de ellos perdieron sus mandatos tras entrar en la mira de la operación.
El levantamiento tiene como base casos de delatores que fueron condenados en la primera instancia y cuyos acuerdos son públicos. La tendencia es que la reducción de las penas aumente a medida que más acusados sean sentenciados.
En el caso de Renato Duque, que no fue contabilizado, cuya pena alcanza 57 años y, aún sin haber hecho un acuerdo de delación, cumplirá sólo cinco años de prisión en régimen cerrado. El beneficio fue concedido por el juez Sergio Moro sobre la base de la ley de lavado de dinero, que permite disminuir la pena para los delatores y los acusados confesos. Renato Duque está en tratativas para una colaboración y va a devolver 20 millones de euros.
[Recuadro:
“El equipo especial de trabajo utilizó las colaboraciones premiadas para subir más escalones, llegar a las empresas contratistas y hasta la más alta cúpula de la República. Sin ellas, sin embargo, la Operación Lava Jato quizá habría tenido el destino de las varias investigaciones anteriores: el archivo.”]
Nuevas amenazas
En el Ministerio Público Federal (MPF) de Curitiba, la preocupación con los ataques a la institución de las delaciones premiadas es creciente. El perdón judicial concedido por la Fiscalía General de la República (PGR) al empresario Joesley Batista, del grupo JBS, llevó a una espiral de críticas sobre los beneficios a los delatores. Una posible delación del exdiputado Eduardo Cunha elevó aún más la temperatura de las discusiones.
En la Cámara de Diputados, ya hay articulados para incluir en la reforma del Código de Proceso Penal cambios en las reglas de las delaciones premiadas, previstas en la Ley de Organizaciones criminales (12.850 / 2013).
El procurador Paulo Galvão, del equipo especial Lava Jato en Curitiba, defiende el uso de las delaciones y afirma que las maniobras políticas en curso amenazan las investigaciones:
"Hay varios proyectos de ley en el Congreso Nacional que serían desastrosos para esos instrumentos y, consecuentemente, para la obtención de informaciones y pruebas sobre corrupción y para la recuperación del dinero desviado", dijo.
En las últimas semanas, los fiscales reforzaron la presencia en las redes sociales en busca de apoyo popular para la Lava Jato. Ellos han defendido que el elector ponga en las urnas a los parlamentarios que intentan bloquear la investidura contra la corrupción.
Para el abogado Luiz Flávio D’Urso, la colaboración no es reprobable, pero es necesario que la ley se siga rigurosamente.
D’Urso defiende al extesorero del Partido de los Trabajadores Juan Vaccari Neto, absuelto recientemente en segunda instancia por falta de pruebas, a pesar de haber sido acusado por varios delatores.
“El Estado no puede renunciar a buscar pruebas, aunque diez delatores digan lo mismo”, afirma el defensor.
Así como ha defendido al criminalista y abogado del presidente Michel Temer, Antonio Claudio Mariz de Oliveira, D’Urso dice que es preciso establecer límites a la actuación para la policía y el Ministerio Público Federal.
“Cada uno en su espacio: la policía investiga, el Ministerio Público acusa, la defensa defiende y el juez juzga. No se puede subvertir ese sistema. La policía tiene el deber jurisdiccional de presentar todo lo que constata en la investigación; el Ministerio Público no. Éste elige lo que quiere investigar y puede guardar pruebas para usar cuando quiera. Esto crea inseguridad jurídica y lo que está en juego es el ciudadano”, valora
El viernes, un día después de que la Policía Federal disolvió su grupo de trabajo exclusivo para la operación, el MPF divulgó un balance que mostraba que la Lava Jato recuperó R$900 millones a las arcas públicas en los últimos diez días.
Los fiscales han hecho una serie de divulgación de recursos recuperados para comprobar que la apuesta en las delaciones premiadas es acertada.
En total, los colaboradores y empresas se comprometieron a devolver a las arcas públicas R$18,3 mil millones.
La cuenta hecha por GLOBO incluye la condescendencia de la empresa JBS y de las contratistas, además de los colaboradores, cuyos acuerdos son públicos.
Los dos mayores acuerdos de lenidad son los de JBS y Odebrecht/Braskem que van a pagar R$10, 3 mil millones y R$5, 3 mil millones, respectivamente.
Las personas físicas se comprometieron con la justicia a devolver R$905 millones en acuerdos firmados en Brasilia, Río de Janeiro y Curitiba.
Sólo el exgerente de Petrobras Pedro Barusco devolvió US$97 millones y entregó una decena de operadores de sobornos y los pagadores de las contratistas, ayudando a mapear el esquema de distribución de dinero.
Los primeros acuerdos de delación surgieron en agosto de 2014, cinco meses después de la deflagración de la Operación Lava Jato. El exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa y el carpintero Alberto Youssef abrieron el esquema de corrupción que se extendía en las oficinas de Petrobras, loteadas entre los partidos PT, PMDB y PP.
El equipo especial de trabajo utilizó las colaboraciones premiadas para subir más escalones, llegar a las empresas contratistas y hasta la más alta cúpula de la República. Sin ellas, sin embargo, la Operación Lava Jato quizá habría tenido el destino de las varias investigaciones anteriores: el archivo.