SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Trabajo no puede solucionar el caso de las decenas de inmigrantes haitianos, que desde 25 días permenecen en vigilia frente a la institución en demanda del pago de prestaciones salariales de una empresa procesadora de cocos.
La ministra de trabajo, Maritza Hernández, dijo que esa entidad no tiene jurisdición coercitiva para medíar un conflicto donde ambas partes esten en desacuerdo porque la entidad sólo tiene poder para mediar de forma amigable.
“Reiteramos que ya elegido y apoderado un tribunal, la situación escapa a la competente del ministerio de Trabajo” expresó la misnistra, a raiz de la situación generada frente al ministerio ante el reclamo de pago de prestaciones laborales que hacen los haitianos a la empresa Coquera Real ubicada en San Cristobal.
Hernández informó que los abogados de las partes escogieron el tribunal de San Cristobal y por lo tanto está apoderado del caso. Destacó que aunque los inmigrantes están frente a la institución tratando de presional, es al trubinal de San Cristobal que deben acudir a darle seguimiento al caso.
Según la funcionaria, este ministerio agotó todas las vías de mediación posible, hasta el momento, por lo que afirma que se culminó con el mandato que le correspondía.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Confederación Nacional Unidad Sindical (CNUS), Eulogia Familia, culpó al Ministerio de Trabajo de que no se haya resuelto el conflicto.
Familia afirmó que el primer error del Ministerio fue haber admitido una inspección a una empresa que labora sin ningún tipo de permiso de los organismos correspondientes, que opera bajo el nombre de Coquera Real, propiedad de Rafael Emilio Alonso.
La dirigente sindical explicó que el propietario de la empresa la cerró y buscó una inspectora del Ministerio de Trabajo en San Cristóbal para que compruebe que la empresa no está generando ingresos porque, según él, los empleados dejaron de trabajar.
Por otro lado, el abogado del grupo, Lucas Manuel Sánchez Día, activista de los derechos humanos, argumentó que el Ministerio de Trabajo autorizó el cierre de la compañía ilegalmente.
"En la República Dominicana para cerrar una empresa primero hay que agotar un procedimiento, suspender los contratos de trabajo, pero en este caso no fue así, la empresa solicitó el cierre e inmediatamente se lo otorgaron", subrayó el abogado.
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