SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los militares y empresarios dominicanos acusados por el Ministerio Público de haber recibido un soborno de US$ 3.5 millones en la operación de compra de aviones Super Tucano a Brasil, ejecutaron también otro contrato por valor de US$12.4 millones, para suplir equipos y tecnología a las Fuerzas Armadas, con fondos desviados de la cuenta correspondiente a las aeronaves compradas a la empresa Embraer.
En octubre de 2009 el Senado de la República Dominicana aprobó un convenio de crédito para la compra de suministros militares de campaña, para control, vigilancia y asistencia en la frontera terrestre, que sería operado por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).
El exministro de Defensa, general Rafael Peña Antonio, y coronel Carlos Piccini, exdirector de Proyectos Especiales de las Fuerzas Armadas, dirigieron la parte operativa del convenio con la compañía española Equipos Móviles de Compaña ARPA, S.A.U.
Mientras, los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez sirvieron de intermediarios para facilitar el financiamiento del contrato con el Deutsche Bank, Sociedad Española.
El contrato involucró 9.3 millones de euros, unos 12,4 millones de dólares a la tasa oficial de ese momento, y fue financiado con recursos desviados de la Fuerza Aérea Dominicana, de los fondos destinados para pagar las cuotas del financiamiento de los aviones Tucano.
La dirección de este diario, en más de una ocasión, ha solicitado al Ministerio de Defensa, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, copia del contrato entre esa institución y la compañía Equipos Móviles de Compaña ARPA, S.A.U, pero hasta el momento esa información no ha sido entregada como manda la ley.
El general Peña Antonio y el exministro de Hacienda, Vicente Bengoa desembolsaron inicialmente 6 millones de dólares para ejecutar el proyecto de seguridad para la frontera, luego se pagaron 14 cuotas de la misma fuente.
La transferencia encontró la oposición del entonces jefe de Estados Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, general Carlos Altuna Tezanos, quien no estuvo de acuerdo en que se tomara dinero de la cuenta de los aviones Tucano para comprar equipos militares a otra institución.
El decreto 225-07, que creó la tasa de US$ 1 por entrada y salida de pasajeros por los aeropuertos, refiere que los fondos obtenidos a través de este impuesto, se destinaran exclusivamente a la adquisición y mantenimiento de ocho aviones Super Tucano.
La Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) recibe promedio 8 millones de dólares cada año, producto del impuesto a los pasajeros para cubrir el pago de las aeronaves militares; la cuenta es manejada por el Ministerio de Hacienda.
El acuerdo fue suscrito por la compañía Equipos Móviles de Compaña ARPA, S.A.U., el Ejército de la República Dominicana y el Deutsche Bank, Sociedad Española, por la suma de 9 millones 349 mil 214 euros.
La documentación obtenida por Acento.com.do describe que el convenio tuvo como objeto financiar el precio del contrato comercial en un cien por ciento, más la totalidad del monto de la prima provisional del seguro para el crédito y sus intereses, grantizados por la compañía española de Seguro de Crédito a la Exportación, S.A (CESCE).
Los equipos fueron pagados en 14 cuotas, más intereses y la comisión de gestión de 0.65% sobre el monto del financiamiento.
Estas operaciones fueron dirigidas por los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, ambos ahora cumplen medidas de coerción por el caso de acusación de soborno de US$3.5 millones en la compra de los aviones Tucano.
El contrato llamado “Supercaria” incluyó la entrega de vehículos de trasporte de tropas, grúas con plataformas, unidad de taller móvil, ambulancias y unidades móviles de vigilancia con cámara de videos y puestos de control y operaciones.
La compañía debió suministrar diez puestos móviles de control fronterizo, dos campamentos modulares de reacción rápida, con capacidad para 400 tropas.
Además, la construcción de dos campamentos fijos en los puestos fronterizos de Dajabón y Jimaní, con alojamiento para oficiales y tropas, puesto de mando, armería y un sistema de generación de energía eléctrica.
Según el contrato, la compañía suplidora abastecería de indumentaria y equipamiento individual para los soldados, como uniformes equipos anti disturbios, chalecos antibalas, visores nocturnos y tecnología de comunicación.
Sin embargo, aunque los equipos fueron importados al país en julio y agosto de 2010, no fue hasta dos años después (2012) cuando fueron instalados.
Una fuente militar, que en su momento fue director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, dijo a reporteros de Acento.com.do que una parte importante de los equipos y tecnología estuvo expuesta a daños de consideración por el prolongado tiempo de almacenamiento sin las condiciones que requiere este tipo de tecnología.
Este hecho provocó que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de entonces presionara a la compañía suplidora para que cumpliera con la instalación de los campamentos en la frontera.
La misma fuente consultada aseguró que la mayoría de los equipos fue instalada con recurso del Ministerio de Defensa, porque la empresa, por algún motivo, había incumplido con esa parte. Esta versión no pudo ser confirmada oficialmente.