REDACCIÓN.-Un artículo publicado por Jeffrey Bellin en el portal de CNN sostiene que el caso del senador Robert Bob Menéndez es necesario analizarlo más allá de hecho aislado, para poder comprender la situación de los políticos estadounidenses y el costo de sus campañas de manera amplia.
Bellin recuerda que después que un jurado condenó al exgobernador de Virginia Bob McDonnell, escribió un artículo de opinión llamando la atención sobre las “verdaderas estrellas reales” del caso McDonnell, en el cual establecía: “los imprecisos estatutos de corrupción pública que abatieron al exgobernador y la distinción esquiva que dibujan entre ‘la política de siempre’ y la criminalidad”.
Bellin afirma que ahora, con la acusación del senador Bob Menéndez, estas estrellas están de vuelta, abarcando a todo el espectro político para encabezar un nuevo drama. “Una vez más, va a ser fácil distraerse por los detalles escabrosos del nuevo caso, pero sería mejor concentrarse en el cuadro más amplio”, expone.
“Los políticos estadounidenses se enfrentan a una dura realidad. La campaña promedio para el Senado cuesta más de ¡US$10 millones! Indíquele al FBI cualquier funcionario electo, y sospecho que podrá descubrir a un contribuyente que recibió un tratamiento especial: una reunión con el personal de aquí, una llamada a una agencia de allí. Nada de esto es necesariamente ilegal”, precisa.
Los estadounidenses no sólo están autorizados a dar dinero a los políticos; la Corte Suprema ha dicho que tienen derecho constitucional para gastar dinero en campañas. Los funcionarios electos, a su vez, tienen facultades ilimitadas para decidir qué llamadas se contestan, qué reuniones organizan, cómo elaboran la legislación y a quienes benefician.
Legalmente, lo que convierte esta mezcla volátil en un delito federal es cualquier acuerdo para negociar regalos a cambio de “acciones oficiales”. La ausencia de este quid pro quo, simple es política, como de costumbre. En otras palabras, la línea entre el político corrupto y el exitoso está trazada en algún lugar de la mente de los políticos.
Los arreglos son difíciles de descubrir, por lo que la ley concede generosas concesiones para la prueba circunstancial. En el caso McDonnell, al jurado se le instruyó, como es costumbre, que el acuerdo no tiene que ser explícito; todo lo que se requiere es un “guiño y un gesto de asentimiento”. Un fiscal presenta la prueba circunstancial de que hubo regalos y favores posteriores, y le pide al jurado que infiera el quid pro quo subyacente, a menudo tácito. Los jurados pueden encontrar fácilmente uno en estado latente en la oscuridad política; quizá porque con frecuencia está allí.
Podría ser, entonces, que lo que distingue a Menéndez y a McDonnell de otros políticos no es la (supuesta) ilegalidad de su conducta, sino que el FBI los miró muy duramente. Por suerte, el interés del FBI no parece ser político. Lo más probable es que los agentes comenzaron a interesarse en estos casos de la misma manera que se interesan en un montón de cosas; y tropezaron con la corrupción pública cuando estaban buscando otra cosa.
Supuestamente, el FBI estaba investigando a la empresa de Jonnie Williams por fraude de valores cuando tropezó con sus regalos a McDonnell.
Los problemas de Menéndez comenzaron al parecer cuando un soplón anónimo informó al FBI que Menéndez y un donante frecuentaban prostitutas (una acusación que nunca fue corroborada). Los casos de prostitución y de fraude de valores nunca se concretaron, pero una vez que el FBI comenzó a husmear encontró algo sorprendente. Supuestamente, los donantes consiguieron algo a cambio de su generosidad. (Menéndez se ha declarado inocente y se comprometió a luchar contra los cargos de corrupción en su contra.)
Aquí hay dos lecciones importantes: una para los políticos y otra para todos nosotros. Los políticos tienen que distanciarse de sus donantes ricos. Ética aparte, simplemente resulta demasiado arriesgado aceptar contribuciones y donativos de personas cuyos intereses usted tiene la intención de apoyar. Y si eso significa que no va a recibir tantas contribuciones (y probablemente así será), todo está bien. Es mejor perder una elección (o viajar en autobús) que ir a una cárcel federal.
Todo el mundo debe empezar a pensar en la prudencia procesal. Ya es bastante malo que nuestro sistema político parece estar poblado de delincuentes. También hay que preocuparse por cómo los fiscales escogen y eligen entre ellos para decidir a quién van a encarcelar.
Una selección al azar, lo que parece explicar los casos Menéndez y McDonnell, es la menor de nuestras preocupaciones. La verdadera preocupación es el enjuiciamiento por motivos políticos, que se hacen demasiado fáciles en un sistema inundado de dinero en efectivo y regulado, en todo caso, por estatus maleables de corrupción pública. Lamentablemente, en un sistema político de pago por jugada, una vez que los agentes del FBI dirigen su poder de fuego de investigación hacia un político en particular, la posibilidad de una acusación federal sólo puede depender de cuán duro él parecen ser.
Fuente: Edition.cnn.com