REDACCIÓN.-El senador Robert Bob Menéndez, acusado de corrupción, apelará a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para pedir que se desestime el caso en su contra sometido por el Departamento de Justicia.
La Primera Enmienda contiene la cláusula sobre “Expresión y Debate” que protege a los legisladores de cualquier intromisión del Poder Ejecutivo en sus declaraciones y hechos.
En esencia, la cláusula citada dispone que las actividades de los legisladores deben de estar libres de injerencias del Poder Ejecutivo.
La intención de la cláusula es proporcionar a los legisladores algunas protecciones dignas y necesarias para evitar, por ejemplo, que un presidente de manera injusta acose a un legislador por un voto desfavorable.
Pero de esta cláusula se ha estado abusando de manera creciente en la defensa de la mala conducta legislativa, para obstaculizar o descarrilar abiertamente investigaciones por corrupción contra varios miembros del Congreso en los últimos años. No se debe permitir que eso suceda en este caso.
Menéndez está acusado de utilizar su influencia oficial a cambio de generosos regalos de un supuesto viejo amigo, Salomón Melgen, un acaudalado médico de la Florida y gran donante a la campaña de Menéndez. Melgen también está acusado en el caso.
Menéndez sostiene que aceptó legalmente obsequios de un amigo, y que los esfuerzos para abogar por Melgen no estaban relacionados con los regalos y que simplemente fueron en función de esa amistad. Es un argumento que descansa sobre la lógica del poco ético Beltway (la clase política de Washington D.C.), pero Menéndez y sus aliados se aferran a él.
También están tratando de retratar al senador como una víctima de la venganza del presidente Obama por los enfrentamientos políticos, especialmente en relación con las acciones de Obama para mejorar las relaciones con Cuba, y las conversaciones sobre temas nucleares con Irán. Eso estaría, presumiblemente, en la raíz de la argumentación “expresión o debate”.
Los abogados de Menéndez, sencillamente, están haciendo su trabajo, por supuesto, y explorando todas las vías posibles para sacar al senador de más problemas. También recalcaron que tienen documentos por revisar, más o menos medio millón, antes de formular plenamente su defensa.
Pero este es un caso que realmente tiene que ir a un juicio completo, y no sólo para determinar la posible culpabilidad de Menéndez. La relación Menéndez-Melgen y cómo puede o no puede haber influido en las actividades del senador pudieran proporcionar una ventana pública a la manera sucia en que opera todo Washington.
Lo que resulta particularmente preocupante aquí es la delgada línea que existe entre la conducta legal y la corrupción. Ya casi no es noticia que los políticos intercambian favores y hacen la licitación de contribuyentes ricos. Menéndez no está negando los obsequios, ni que él utilizó su influencia oficial para beneficiar a Melgen. Pero se supone que debemos creer que todo fue inocente y accidental, y que no había conexiones directas entre los regalos y las defensas. Al público se le pide que se ponga las mismas anteojeras, una y otra vez, sobre un sinnúmero de actividades políticas.
Independientemente de lo que suceda con Menéndez, esperamos que este caso ayude a arrojar más luz sobre la forma en que funciona Washington, y que provoque algunos cambios en las normas éticas que se aplican a los legisladores. Las regulaciones actuales están demasiado maduras para manipularlas, y se abusa de ellas con demasiada frecuencia.