SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales instruyó este miércoles al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) para tomar el control del vertedero de Duquesa y multó a Lajun Corporation con 16 millones de pesos por supuesta violación a la Ley medioambiental 64-00.
El Ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, constituyó al SENPA en Policía Ambiental y la facultó para resolver los servicios públicos en Duquesa.
Domínguez Brito manifestó que es prioridad evitar un problema de salubridad en el Gran Santo Domingo.
Garantizó que el vertedero Duquesa se mantendrá abierto en esta Semana Santa y que todos municipios del Gran Santo Domingo podrán verter sus desechos sólidos, aunque no se haya llegado a un acuerdo cabal con la empresa.
En efecto, dijo que irán resolviendo las diferencias con Lajun "sobre la marcha", pero que es innegociable arriesgar la salud de la población.
El general Valerio García, director del SENPA, precisó que por el momento solo tienen cinco policías en la entrada del vertedero. Sin embargo, Domínguez Brito aseveró que se utilizarán todos los que sean necesarios para permitir la entrada de los camiones de basura.
¿De qué acusa Medio Ambiente a Lajun Corporation?
El ministro anunció que la empresa Lajun será multada con 16 millones de pesos por violaciones a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).
‘‘Entre los ilícitos detectados está la violación al artículo 45-3, al no aplicar o no ejecutar el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental que acompaña la Licencia Ambiental o al Permiso Ambiental’’, precisó Domínguez Brito.
Agregó que la empresa no entrega con la frecuencia requerida los informes de cumplimiento ambiental. Norma establecida en la Disposición de Permiso Ambiental.
Tampoco brinda informaciones y facilidades necesarias para la realización de vigilancia e inspección ambiental, según dijo.
Estatus jurídico del vertedero Duquesa
Mencionó que la institución medioambiental que representa está realizando un levantamiento de datos sobre la titularidad y el estatus jurídico del vertedero a fin de detectar si existe ilegalidad para solicitar al Ministerio Público una investigación.
El ministro reiteró que su institución hará todo lo posible para evitar una catástrofe sanitaria y medioambiental. Dijo que no permitirá que se ponga la salud de la población en peligro.